Mujeres y pobreza: un tema de desigualdad e injusticia

Por Cristina Hincapié Hurtado

¿Alguna vez habías escuchado el término «feminización de la pobreza»? ¿Habías llegado a pensar que la pobreza afecta de maneras diferentes a hombres y mujeres? ¿Has considerado que, en el mundo, millones de mujeres están expuestas a realizar trabajos no remunerados relacionados con el cuidado de personas adultas o menores de edad y con la manutención de los hogares, y cómo esto afecta la economía?

«Si la pobreza está feminizada, la única manera de acabar con eso es feminizar el poder y, en este caso, no el poder político sino los que están en el ámbito del mercado, la economía y las grandes empresas».
Carmen Calvo Poyato
Vicepresidenta de España

La feminización de la pobreza es un concepto que apareció en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando la investigadora Diana Pearce publicó su trabajo «Feminización de la pobreza: mujeres, trabajo y bienestar» en el que describe el crecimiento de los hogares encabezados por mujeres y cómo este hecho estaba relacionado con el detrimento económico de sus condiciones de vida debido a la falta de ingresos. Posteriormente, en la IV Conferencia de las Naciones Unidas de la Mujer realizada en 1995, se afirma que el 70% de las personas pobres en el mundo, eran mujeres, por lo que este tema comenzó a ser prioridad para las acciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países que ratificaron la plataforma de acción de Beijing.

Sin embargo, algunas analistas como la antropóloga Jeanine Anderson, consideran que la utilización del concepto tuvo un alcance muy limitado, pues puso en el ojo público dos problemáticas de muchas que participan en este tema complejo: la maternidad precoz y las mujeres cabeza de familia. Otros estudios, como los realizados por Joana Costa y Marcelo Medeiros del Centro Internacional de Pobreza, insisten en la importancia de entender este fenómeno como un proceso que requiere una atención especial y con un enfoque de género y la definen como «un cambio en los niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de mujeres».

Según la ONU, «en América Latina, hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres», y los últimos estudios con información recaudada en 89 países, muestran que en el mundo «hay 4,4 millones más de mujeres que viven en la extrema pobreza en comparación con los hombres. Gran parte de esta desigualdad se explica debido a la carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado que enfrentan las mujeres, especialmente durante sus años reproductivos».

ONU Mujeres señala además que «cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están protegidos. Se enfrentan a obstáculos que pueden resultar extraordinariamente difíciles de superar. Esta situación da como resultado privaciones en sus propias vidas y pérdidas para la sociedad en general y para la economía, puesto que es bien sabido que la productividad de las mujeres es uno de los principales motores del dinamismo económico». Así mismo, en el año 2017 el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) afirma que en Colombia «si no se hace frente a la desigualdad de manera urgente y se empodera a las mujeres que se encuentran en los contextos de mayor vulnerabilidad de modo que puedan tomar decisiones acerca de sus vidas de manera independiente, los países podrían enfrentar situaciones de inestabilidad y ver amenazada su paz interna y sus objetivos de desarrollo».

No es diferencia, es desigualdad

Corina Rodríguez Enríquez es economista, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas CIEPP en Argentina y se ha dedicado a estudiar temas como la pobreza y la economía desde un enfoque feminista. Para ella, «una de las causas del avance de la feminización de la pobreza es la brecha en los ingresos, ya que las mujeres perciben en promedio ingresos más bajos que los varones». Además, la distribución de las tareas de cuidado de niños, enfermos y adultos mayores, son trabajos que se asignan tradicionalmente a las mujeres, pero que no son remunerados en la mayoría de los casos, lo que se convierte en un obstáculo para que ellas accedan a recursos económicos y puedan mejorar sus condiciones de vida. «Además, se hace invisible el aporte que estas tareas tienen a la economía regional», señala.

Para Rodríguez es vital que comencemos por hacer un cambio de comprensión de la idea del trabajo, pues este no puede seguir estando relacionado solo con el mercado; quien cuida, quien realiza las tareas domésticas también trabaja. Y con este cambio de paradigma debemos transformar la distribución de labores en relación al género, pues la cultura patriarcal ha establecido que «el cuidado» pertenece al ámbito de la mujer. Algunos estudios, por ejemplo, han revelado que las mujeres invierten el doble de tiempo que los hombres en estas tareas. «La idea de que hombres y mujeres tenemos diferentes capacidades hacen que los imaginarios de género alimenten la discriminación» señala, resaltando que no porque la mujer esté capacitada biológicamente para parir y amamantar deba encargarse de las tareas de cuidado.

Además de lo que pasa al interior de los hogares con la economía del cuidado, el mercado laboral tampoco es igualitario y persiste la discriminación. Los salarios bajos o no equiparables con los de los hombres, la ausencia de trabajos dignos, las largas jornadas laborales, la existencia del «techo de cristal» que les impide llegar a cargos de mayor responsabilidad y liderazgo, son algunos ejemplos que impiden que las mujeres alcancen los mismos ingresos económicos que los hombres en este ámbito. Por si fuera poco, muchas mujeres deben trabajar a doble jornada pues tienen un empleo en el mercado y deben encargarse de las actividades propias del cuidado.

La situación, además, no es igual para todas las mujeres. Debemos comprender que las poblaciones rurales son mucho más vulnerables y tienen muchas menos posibilidades de salir de los círculos de pobreza en los que se encuentran. Según Rodríguez, «América Latina vive un proceso de reprimarización de sus economías. Se ha retrasado su proceso de industrialización, en favor de la explotación y venta al exterior de materias primas. Estas actividades, como la minería o la explotación agrícola intensiva, generan pocos empleos, menos aún para las mujeres». Además, estas labores extractivas promueven la expulsión de poblaciones rurales e indígenas de sus territorios «con el aval de los Estados, que impulsan políticas fuertemente represivas contra quienes resisten este modelo económico», señala.

Así, la expulsión de los territorios hace que muchas mujeres campesinas se vean obligadas a migrar a las grandes ciudades donde las condiciones de vida son mucho más precarias para ellas, y aparecen otros riesgos como la captación por parte de redes de trata de personas para la explotación laboral o sexual.

Esta economista e investigadora señala que es importante que las políticas públicas no se construyan pensando en que «son para mujeres» porque la verdadera transformación es la corresponsabilidad de hombres y mujeres, lo que puede comenzar a trabajarse en las tareas del cuidado y en las licencias parentales asociadas a la crianza de los hijos no solo al momento del nacimiento y no exclusivamente para las madres. Incluir a las mujeres en proyectos que propendan por la reducción de la pobreza y empoderarlas como agentes de cambio es fundamental en el ámbito económico, pues no se trata de diferencia, la situación de las mujeres en el mundo es, evidentemente una situación de desigualdad, y por tanto, se trata de injusticia.