Apagarles el micrófono mientras hablan, interrumpirlas de manera reiterada en eventos públicos, difundir una imagen sexualizada de ellas, ponerlas como adorno en las listas de los partidos y no otorgar suficientes recursos para sus campañas, son algunas de las violencias más invisibles que se ejercen contra las mujeres que participan en política.
Por Sandra Valoyes Villa
Tomasa Medrano Ramos, lideresa en la región de Urabá y actual directora ejecutiva de la Red de Mujeres afrocolombianas Kambiri, amplía estos ejemplos cuando expresa que son pan de cada día situaciones como «chantajearlas cuando desean participar, anotarlas en listas como rellenos, descalificarlas por su apariencia física, o acosarlas sexualmente ‘para que no tenga tantos obstáculos’» al alcanzar recursos, votos o incluso para obtener avales.
Por situaciones como las que narra Medrano Ramos, desde hace dos años la Misión de Observación electoral, MOE, ha enfocado su atención en el fenómeno de la violencia contra las mujeres que participan en política. Adriana Peña Peña, de la línea Mujer, política y poder de la MOE, lo define como «todas aquellas agresiones dirigidas a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica, con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de la participación o representación de las lideresas políticas, sociales y comunales». Añade que este tipo de violencias puede ser perpetrada tanto por actores legales o ilegales, y se manifiestan a través de ataques físicos, psicológicos, simbólicos y económicos.
Esta organización ha registrado entre el 27 de octubre de 2018 y el 10 de septiembre de 2019, agresiones como amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos a 265 líderes y lideresas (políticos, sociales y comunales), encontrando que el 18,8% ha recaído sobre las mujeres.
Por su parte, en el Tercer Informe de Violencia y Dinámica Electoral publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, que cubre casi el mismo período de tiempo de análisis de la MOE (de 27 de octubre de 2018 al 9 de septiembre de 2019), se alerta sobre un aumento en la violencia político-electoral, e identifica la amenaza, el asesinato y el atentado como las de mayor ocurrencia. Así mismo, señala que son las personas con cargos públicos de elección popular, las más afectadas. El registro está encabezado por personal de alcaldías, concejos municipales y el senado de la República, e incluye a aspirantes a alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas, donde el 20% son mujeres. Estas cifras contrastan con la participación de ellas en cargos de elección popular, que en instancias como el Congreso de la República, alcanza un 19.93%, a gobernaciones un 15.6% y a alcaldías un 12.2%.
La MOE ha consignado unas 30 agresiones a mujeres en este periodo de tiempo, entre ellas, han recibido amenazas Claudia López Hernández, candidata a la Alcaldía de Bogotá, Luz Polo Ramírez, candidata al concejo de Pereira, y Yolanda Wong Baldiris, candidata a la alcaldía de Cartagena. Por su parte, fueron conocidos los casos de asesinato contra Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís, y Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez.
Sin embargo, el mayor número de afectaciones para las mujeres políticas, está en el plano simbólico, determinado por «actos que, de forma explícita o sutil, tienen como objetivo minimizar el rol de las mujeres en la política, haciendo uso de los estereotipos y prejuicios que existen sobre las mujeres y su rol en la sociedad y en la esfera pública», explica Peña Peña.
En un estudio del Instituto holandés para la democracia multipartidista, NIMD, realizado a mujeres electas en cargos públicos entre 2012 y 2015, se encontró que «en Colombia 6 de cada 10 mujeres han tenido que padecer algún tipo de violencia» y que «la manifestación más común es la violencia simbólica».
En los registros de la MOE hay «al menos cuatro casos que presentan un ataque de carácter simbólico a la representación política de las mujeres, como es el caso de Rosalbina Valdés, candidata a la alcaldía de Patía (Cauca), quien recibió comentarios discriminatorios y afirmaciones sexistas por parte del Congresista del Partido de la U, Jhon Jairo Cárdenas».
Tomasa Medrano Ramos explica que, «si además se tienen otras diferenciaciones como la de ser mujer negra, desplazada, víctima, campesina, lesbiana, discapacitada, entre otras, ahí sí que el costo es mucho mayor. Lo triste es que la mayoría nunca denuncia y por eso las cosas siguen pasando, al límite de llegar a ser extorsionadas, amenazadas y asesinadas».
Para llamar la atención sobre el tema, la Magistrada del Consejo Nacional Electoral Doris Ruth Méndez Cubillos, valga decir que es la única mujer -de nueve integrantes- en este órgano de regulación electoral colombiano, ha propuesto la iniciativa Súbete al bus, que según sus palabras «es una ruta preventiva en violencia política contra las mujeres en razón de género, y pedagógica para la participación efectiva de las mujeres», explica que se ha construido un pacto «con todos los organizamos de control como Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Transparencia por Colombia y también con organismos internacionales como el Instituto Nacional Demócrata para los asuntos internacionales, el Instituto Nacional Electoral de México, ONU Mujeres, y plataformas como Facebook y Twitter, con quienes se han firmado una serie de acuerdos y memorandos de colaboración técnica y de buenas prácticas».
Además de la cultura política, otra de las causas que contribuye a la reproducción de las violencias contra las mujeres que participan en política, es justamente el desconocimiento que la sociedad tiene del tema. Su efecto es la desincentivación de la participación política de las mujeres, lo que atenta a su vez contra la democracia. La responsabilidad para detener este impacto la tienen la institucionalidad pública, los partidos y movimientos políticos, y la ciudadanía en pleno.
Así que lo primero es reconocer el fenómeno e incentivar la denuncia. La magistrada Méndez Cubillos comenta que existen instituciones «como la URI donde se pueden llegar con todas las denuncias, el Consejo Nacional Electoral, las Personerías, todas están dispuestas a este proceso, tenemos que denunciar y saber denunciar para que se entienda que las violencias contra las mujeres y por razón de género ocurren en un contexto político».
Tres normas a
Ley 1257 de 2008: Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Decreto 4912 de 2011: Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.
Decreto 1314 de 2016: Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos.
