Por Sara Yaneth Fernández Moreno
Columnista invitada
Sara Fernández Moreno, académica de la Universidad de Antioquia, reconocida activista, integrante de la Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva ALAMES y de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, nos comparte esta columna en la que presenta la conexión entre la salud pública y las violencias contra las mujeres y propone un abordaje de género en distintos sectores de la sociedad para asegurar una atención integral y efectiva para las mujeres.
El acceso a derechos como la salud de las mujeres está consagrado en la legislación nacional y constituye un derecho humano fundamental, obligación del Estado y garantía de la administración municipal, departamental y nacional. En ciudades como Medellín, la violencia contra las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes, tuvo un incremento del 86,6% de la violencia mortal hacia ellas, entre enero y junio de 2017 respecto al mismo periodo del 2016, pues se pasó de 15 víctimas a 28. Es importante indicar que existe subregistro de la información porque no todos los casos son denunciados, ni llegan a las instancias oficiales para ser documentados como corresponde. La problemática puede tener mayores dimensiones y NO prescribe.
Las violencias sexuales, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y los feminicidios, son completamente evitables, constituyen un problema de salud pública y no tienen ninguna justificación.
La determinación social de la enfermedad indica que es preciso afectar positivamente las condiciones sociales, económicas, y ambientales de las personas para que se puedan superar los riesgos que las exponen a los daños a la salud; daños que son innecesarios, que pueden llevar incluso a la pérdida de su calidad de vida, de años potenciales de vida y de la vida misma. Una vida que se pierde representa la negación del derecho a la salud, a la vida digna y al buen vivir. Se trata de articulación y sinergia institucional, juntancia de voluntades.
«Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres»
Esta desgarradora estadística la difundió, en octubre de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en 2014 (BBC), en 25 países de la región, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
Honduras es el país de la región con el mayor número total de femicidios (531 en 2014), lo cual representa 13,3 femicidios por cada 100.000 mujeres. «Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar con más de 200 femicidios cada uno en 2014». El OIG aclara que esas cifras corresponden a «la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género» y que, dependiendo del país, se pueden denominar femicidio, feminicidio u homicidio agravado por razones de género».
En Colombia, «cada 2 días y medio una mujer es asesinada por su pareja o expareja», señaló en 2015 la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, según informó ONU Mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de datos oficiales), en 2014 hubo 145 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. Durante 2015 según el Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF, se presentaron 970 asesinatos (feminicidios) de mujeres. La mayoría de estos casos (156) se presentaron en mujeres con edades entre los 20 y 24 años. A partir de 2016, el feminicidio es un delito autónomo en el país.
Importante resaltar que los asesinatos de las mujeres se presentan en medio de un proceso social más amplio definido como el proceso salud – enfermedad – atención, donde todas las formas de violencia contra las mujeres no letales y su última consecuencia forman parte de la morbi–mortalidad feminicida, y está estrechamente vinculada a todas las formas de violencia de género. En la mayor parte de los casos las mujeres conocían a su victimario.
La cotidianización de formas de maltrato, su trivialización, terminan legitimando discursos y prácticas claramente misóginas que violentan a las mujeres y eventualmente les puede causar la muerte. Uno de los desafíos del sector salud en concreto frente a la problemática es asegurar que las mujeres no mueran por falta de acceso a servicios integrales de atención que incluyan la interrupción voluntaria del embarazo no deseado, especialmente cuando es causada por una violación.
La morbi–mortalidad feminicida es y debe ser reconocida como un problema de salud pública; la mirada sociosanitaria y el abordaje de género sensible se precisa para asegurar programas de atención integrales. El silencio revictimiza y activa la cadena de impunidad desde la primera consulta o solicitud de atención o auxilio para las mujeres que acuden a los servicios de salud y de justicia.
Existen formas de violencia intrafamiliar que terminan eventualmente en feminicidios, no en pocas ocasiones existen medidas cautelares que no son acatadas por los victimarios. En las instituciones de salud no ha sido posible establecer la relación entre las víctimas de violencia sexual y los embarazos no deseados; frente al embarazo adolescente que ya está catalogado como problema de salud pública, no se ha establecido aun relación directa entre este y la violencia sexual, aunque se ha detectado un aumento de los embarazos en niñas de 10 a 14 años, sin olvidar que revisten especial vulnerabilidad, en materia de violencias hacia las mujeres, las migrantes, las mujeres rurales y las mujeres indígenas.
La permanencia del personal sensibilizado, la estabilidad laboral y la continuidad en su formación requieren una inversión segura a mediano plazo en el desarrollo de los protocolos y programas integrales de atención. Debe ser trabajo intersectorial y articulado a nivel local y regional en red, pues a este esfuerzo deben asociarse las organizaciones, los movimientos sociales y la sociedad civil: hombres y mujeres en su conjunto.
La garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es una clave asociada a medidas preventivas de riesgos de feminicidios; estados laicos que lo hagan posible son necesarios, funcionarios, hombres y mujeres, dispuestos a cumplir los preceptos constitucionales, son, además, esenciales. La sola lectura que un profesional hace de un caso clínico en relación a la salud sexual y a la salud reproductiva de una mujer, puede ser el claro comienzo de dos caminos: el de la impunidad o el de la justicia.
Sara Yaneth Fernández Moreno es académica, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Trabajadora social, magíster en Estudios de Población y doctora en Ciencias de la Salud Colectiva. Esta activista social pertenece a la Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva ALAMES y a la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
