A un mes de las elecciones para elegir representantes a gobernaciones y asambleas departamentales, a alcaldías, concejos municipales y juntas administradoras locales, y en medio del debate de las listas de mujeres que participan en política, la abogada Valeria Mira Montoya, realiza una reflexión alrededor de situación de exclusión de las mujeres para la participación política de las mujeres y de la necesidad de una política feminizada.
Por columnista invitada Valeria Mira Montoya
Participación electoral y participación política son términos que suelen utilizarse de manera indistinta pero que tienen implicaciones diferentes. La participación electoral es el ejercicio en que la ciudadanía elige a sus representantes a través del voto. La participación política, por otro lado, supone relaciones más allá de una transacción electoral periódica: participar en la distribución del poder en la sociedad es un ejercicio cotidiano que no puede reducirse al instante electoral.
Las mujeres en el mundo somos protagonistas recientes en la escena de la participación electoral, apenas hace unas décadas las sufragistas reivindicaron nuestro derecho a elegir y ser elegidas.
El poder en la sociedad se ha construido sobre la base de la exclusión de las mujeres. Los roles de género nos han relegado al espacio doméstico, a la esfera de la decisión privada. A las mujeres nos educan para gobernar el hogar, no para gobernar lo público. Esta construcción cultural alrededor del lugar que las mujeres ocupamos en la sociedad, ha generado barreras importantes tanto para nuestra participación electoral como política. Si bien hay diferencias entre ambas formas de participación, su interrelación es determinante para materializar el ideal de la democracia: sin participación política la participación electoral pierde sentido.
Algunos obstáculos que limitan la participación de las mujeres en la democracia han sido objeto de regulación por parte del Estado. Colombia tiene un catálogo importante de normas para promover la participación política y permitir la participación electoral de las mujeres. Las convenciones, declaraciones y otros instrumentos de derecho internacional en contra de discriminación de las mujeres, han sido fundamentales para consolidar este marco normativo. No obstante, según la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018), las mujeres colombianas ocupamos solo el 15,6% de las gobernaciones, el 12,2% de las alcaldías, el 16,7% de las curules en las Asambleas Departamentales y el 16,6% en los Concejos Municipales. El panorama local muestra una tendencia similar: solo cinco de las veintiún curules del Concejo de Medellín son actualmente ocupadas por mujeres; y para las próximas elecciones, solo dos mujeres aspiran a la alcaldía.
Si bien el reconocimiento legal es importante, las normas tienen un alcance limitado cuando las barreras para la participación son de carácter cultural o, en todo caso, no son de naturaleza exclusivamente jurídica. Es decir, para atender el problema del reconocimiento de los derechos, sobre todo del derecho a la igualdad, la respuesta no puede ser sólo legal, sino que debe estar acompañada de apuestas para cambiar prácticas no solo jurídicas sino políticas, culturales y económicas.
El movimiento feminista ha identificado los factores sociales que nos han alejado del ejercicio de distribución del poder en la sociedad, y que impiden el desarrollo pleno de los derechos reconocidos y la aplicación de las normas para promover nuestra participación. Dar respuesta a estas situaciones es el mayor reto para consolidar nuestro lugar en la democracia.
El ideal de la participación democrática implica libertad para decidir. Pensar en la participación activa de las mujeres en contextos de dependencia económica es un asunto complejo. Las lógicas de supervivencia en las que están inmersas muchas mujeres del país limitan su ejercicio ciudadano y en ocasiones lo subordinan a la posibilidad de acceder a recursos en el inmediato o corto plazo. Esta realidad dificulta la vinculación de las mujeres a proyectos políticos que favorezcan cambios estructurales y, en consecuencia, reproduce las condiciones que nos relegan en el ejercicio de la distribución del poder en la sociedad. Además, la distribución inequitativa del trabajo del cuidado entre hombres y mujeres favorece la participación de ellos mientras restringe la nuestra.
Los hombres no solo tienen en promedio más tiempo disponible para participar en política, sino que los estereotipos de género refuerzan la idea de que el espacio de los hombres es el espacio público, mientras que el espacio de las mujeres es el espacio doméstico. Esta situación genera barreras incluso físicas para la participación: muchas mujeres encuentran en el ejercicio político y electoral una fuente de riesgo para su integridad personal. El informe de la Registraduría sobre la participación de la mujer en el escenario político colombiano (2018) evidencia que 6 de cada 10 mujeres que resultaron elegidas para cargos públicos, fueron víctimas de violencia género; y que además lo percibieron como el costo que debían asumir por participar.
A pesar de las dificultades muchas mujeres participamos, pero lo hacemos en espacios que, en su mayoría, están insertos en lógicas patriarcales: algunos hombres, haciendo uso de sus privilegios de género, instalan mecanismos excluyentes para que nuevas formas de participación no encuentren lugar. Esto nos aparta de dichos escenarios o nos obliga a jugar con reglas que no pretenden cuestionar nuestro lugar de subordinación, lo cual favorece la reproducción de estereotipos y en últimas, debilita la participación de las mujeres en su conjunto.
Aunque de manera agregada en los últimos años han habido algunos avances en el porcentaje de participación de las mujeres en cargos de elección popular, es pertinente preguntarse hasta qué punto este hecho se corresponde con una mayor representación de los intereses de las mujeres en los diferentes niveles estatales.
Los negacionistas de la desigualdad de género, aquellas personas que creen, entre otras cosas, que la respuesta a las injusticias a las que nos enfrentamos diariamente las mujeres está «en nosotras mismas», o que apelan al empoderamiento femenino como la fórmula mágica para acabar con las brechas de género, afirman que tener una mujer vicepresidenta o una mayor cantidad de mujeres en la rama legislativa, son muestras evidentes de lo exagerado de nuestras pretensiones (las pretensiones de las mujeres que buscamos modificar la manera en que se distribuye el poder y los recursos). A pesar de lo populares que puedan ser estas posturas, los asuntos comentados dan cuenta de una problemática estructural: la forma en que se organiza actualmente nuestra sociedad favorece la participación de los hombres en detrimento de la participación de las mujeres.
Para transformar esta desigualdad debemos concentrarnos en construir nuevas formas de participación política y electoral, formas que se adapten a una visión igualitaria de la sociedad y que reivindiquen el lugar de las mujeres como seres políticos. El movimiento Estamos Listas es una muestra de que esto es posible. Su proyecto político permite alejarse de las formas patriarcales que por años han excluido a las mujeres y han debilitado lo público. La promoción de una candidatura colectiva más allá de liderazgos totalizantes, la autofinanciación de la campaña, la integración del cuidado como un concepto central en la forma de entender la política y la adopción de una agenda que privilegia el bienestar común sobre los intereses individuales son muestras de que es posible feminizar la política.
Valeria Mira Montoya es abogada de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT.
Coordinadora de proyectos del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT e investigadora en temas relacionados con el fortalecimiento del estado y sus instituciones, políticas públicas, gestión territorial de la seguridad y convivencia. Ha liderado procesos de consultoría para diferentes instituciones públicas y privadas y es cofundadora del colectivo La Calle Es Nuestra.
