La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia cuenta con un grupo de trabajo en género para que las mujeres y la población LGBTI puedan contar su verdad. Salomé Gómez Corrales, su directora, nos cuenta cómo lo hacen y qué esperan lograr.
Por Jenny Giraldo García
En Colombia se firmó un Acuerdo de Paz en 2016. Y como parte de ese Acuerdo existe un sistema de instituciones que, entre otras cosas, busca contar la verdad de lo que sucedió en el país en torno al largo conflicto armado que se vivió entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, que son los dos actores que firmaron dicho Acuerdo, después de un proceso de negociaciones de cuatro años.
Ese conjunto de instituciones se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y tiene una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, una Jurisdicción Especial para la paz (que conocemos como JEP) y una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es de la que vamos a hablar en este artículo, y específicamente vamos a conocer el trabajo que se viene haciendo para garantizar la participación de las mujeres y el enfoque de género.
Salomé Gómez Corrales es la directora del grupo de género de la Comisión de la Verdad. Es feminista, antropóloga, con estudios de género, fue la primera secretaria de la mujer en el departamento del Cauca y creció con la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento nacional de mujeres “que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres”. Y a este movimiento ha pertenecido la mamá de Salomé, doña Socorro Corrales, por eso su crianza y su formación política se dieron de la mano de la Ruta.
Lo que hace el grupo de género
El grupo de género de la Comisión de la Verdad trabaja a partir de dos estrategias: la primera es la de acompañamiento a los equipos para que incorporen el enfoque de género en su trabajo, es decir, en la investigación, la comunicación, o en asuntos tan simples como entender que cuando se convoca a una reunión de mujeres, muchas de ellas llegan con sus hijos (lo que no pasa en las reuniones de hombres) y que hay que tener en cuenta eso en la logística. En últimas, este grupo busca que el enfoque de género sea tenido en cuenta en todas las acciones de la Comisión.
La segunda estrategia es la de las acciones afirmativas, que consiste en la búsqueda activa de mujeres y personas LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado para que cuenten su verdad. Como parte del trabajo en esta línea también se transfieren herramientas y metodologías a organizaciones sociales en el país que tienen mucha más cercanía con las mujeres. “Promovemos la entrega de informes específicos que reconozcan impactos diferenciados, causas, pero también estrategias de afrontamiento y resistencia y construcción de paz”, nos cuenta Salomé.
Esta es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que tiene un enfoque de género y esto es producto de la incidencia que tuvo el movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI en todo el proceso de paz en La Habana. Ellas dijeron: “No es posible pactar la paz sin la representación de más de la mitad de la población del país, las mujeres, en plural, en toda su diversidad”: urbanas, rurales, campesinas, raizales, de todos los pueblos étnicos; y además, las personas LGBTI. Estos movimientos exigieron la comisión de género en la mesa de negociación, lo que dio como resultado que el Acuerdo de Paz tenga un enfoque de género y que la Comisión de la Verdad también cuente con este enfoque. “Era necesario que el Acuerdo planteara medidas diferenciadas para las mujeres y la población LGBTI, por eso tiene más de cien medidas específicas o acciones afirmativas en todos los puntos”
Pedagogías para la verdad
Lamentablemente, una parte de la sociedad colombiana no recibió de buena manera estas medidas, pues ha existido en el país una gran campaña de desinformación y desprestigio, que bajo la etiqueta de “ideología de género” se ha dedicado a atacar el Acuerdo de Paz y su implementación, con mentiras como que el Acuerdo iba a “minimizar las creencias religiosas” (Semana, 9 de septiembre de 2016) o que “desde la Habana se [estaban] diseñando políticas públicas basadas en esa concepción para rediseñar en nuestro ordenamiento jurídico, la familia, el matrimonio, el derecho a la vida y la libertad religiosa” (Semana, 25 de septiembre de 2016).
En realidad, se trata de mentiras. Por un lado, estos son asuntos que no competen al Acuerdo de Paz y, por otro, la pretensión del enfoque de género en cualquier política pública no busca imponer orientaciones sexuales o estilos de vida, simplemente busca que todas las mujeres, hombres y personas no binarias (como transgéneros o transexuales) tengamos los mismos derechos.
Así las cosas, el primer paso para que la Comisión lograra reconocimiento y legitimidad en este campo fue acercarse a las mujeres organizadas en el país. Muchos de esos grupos han surgido justamente por ser víctimas del conflicto. Así, se conformó una mesa técnica con grupos diversos: universidades, organismos de cooperación internacional y plataformas nacionales, y se inició un ejercicio de pedagogía para los territorios.
Las escuelas también han sido escenarios importantes, pues es en ellas donde se dan las primeras discriminaciones. Y se ha hecho un ejercicio importante para llegar a la gente joven a través de los audiovisuales y la radio, cubriendo con esta, además, zonas rurales con poco acceso a internet y redes sociales.
“Ha sido más difícil con personas con identidades sexuales diversas, pues lo que subyace es una discriminación social y estigmatización, incluso al margen del conflicto armado”, nos explica Salomé. Por eso es tan profundo el reto de mostrar que no hay vidas menos importantes que las otras, en una sociedad en la que ese valor es tan relativo.
Todo el trabajo de género dialoga con el que se realiza desde la dirección de pueblos étnicos, pues es fundamental para la Comisión el reconocimiento del racismo estructural que existe en Colombia y sus implicaciones con el conflicto armado. Del mismo modo, explica Salomé Gómez, que se tiene en cuenta el concepto de interseccionalidad, es decir, ese que reconoce que las afectaciones son diferentes en mujeres afro, campesinas, indígenas y las que viven en condiciones de pobreza.
Aquí, un ejemplo del trabajo de la Comisión de la Verdad que tiene en cuenta estos aspectos:
Las mujeres en la guerra: víctimas y victimarias
Para construir un relato completo y con diferentes puntos de vista que nos permita entender qué pasó y por qué también es necesaria la voz de los victimarios. Y las victimarias. Hay unos mandatos culturales sobre la masculinidad que hace más propensos a los hombres a participar de las guerras. Sin embargo, en este conflicto armado, las mujeres también tuvieron presencia como parte de los grupos armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública). “Muchas han sido víctimas, vinculadas siendo jóvenes por medio del reclutamiento forzado. Pero muchas lo hicieron de manera autónoma, creyeron que alzarse en armas era la solución, creyeron que sus voces eran importantes”.
Por eso ha surgido un espacio llamado “Insurgentas” en el que se reúnen mujeres del EPL, M19 y Farc. Ellas se han unido para hablar de su vinculación al conflicto armado, y aunque las motivaciones y orígenes de cada grupo son diferentes, ellas decidieron unirse en torno a un hilo común: que son mujeres. Esto, que parece una obviedad, da cuenta de que tuvieron cargas de roles de género asociadas al alimento y al cuidado de enfermos, y que son comunes los impactos en la salud mental, física y en la vida familiar. Y también tienen en común la conciencia que han adquirido sobre el rol que juegan en la construcción de paz.
La Comisión de la Verdad trabaja por la dignidad de las víctimas, y por ello se reconoce a muchas excombatientes que han sido víctimas de múltiples violencias en el marco del conflicto armado. “Pero también hacemos un llamado a los responsables a reconocer los hechos, y hay avances en reconocer otro tipo de violencias; sin embargo, las violencias sexuales contra la sociedad civil e intrafilas son más difíciles de reconocer. Incluso, —agrega Salomé— las mujeres están divididas, hay quienes dicen que han sido víctimas y hay quienes dicen que no”. Pero todas las verdades están para ser escuchadas.
El tema de las violencias sexuales es muy complejo, pues se suele pensar solo en la violación. Sin embargo, este grupo ha identificado al menos 15 categorías de este tipo de violencias, entre las que se cuentan el aborto forzado, la anticoncepción forzada y la maternidad forzada. Hay relatos de mujeres que tuvieron hijos intrafilas, y esos hijos fueron llevados a otras familias; en ese caso, la mujer que ejerce la maternidad no fue víctima directa del conflicto, pero la conformación de esa familia es producto del conflicto; hay una mujer excombatiente que probablemente fue violada y obligada a parir o que quedó embarazada en una relación consensuada e, igualmente, tuvo que parir y entregar su hijo. Podemos hablar de violencias reproductivas. “No es lo mismo sufrir una violación, que sufrir una violación y quedar embarazada, ser forzada a tenerlo para entregarlo, o ser forzada a abortar sin garantías”.
Otra dimensión importante que ha ido revelando el informe es ese patrón común en el que las violencias contra ellas llevaban un mensaje para el otro actor, para el enemigo. Un hecho que se repite, por ejemplo, es el de presenciar un acto de violencia sexual; “a muchas las violaron de manera pública, y a personas LGBTI las pusieron, por ejemplo, a barrer un parque desnudas”, cuenta Salomé. Esto indica que estas violencias se ejercieron no solo contra la víctima, sino contra sus familias, contra sus comunidades, contra los grupos a los que pertenecen. Además, en el caso de las desapariciones forzadas, las mujeres que han sido encontradas, muertas o vivas, previamente sufrieron violencia sexual. Y otro aspecto que se resalta es que en casi todos los casos, quienes sufrieron violencias de género en el conflicto ya habían sido víctimas de este tipo de violencias en otros escenarios, por lo tanto, la Comisión también tiene la tarea de tratar de explicar causas y posibilitar respuestas para disminuir las violencias contra las mujeres en otros ámbitos.
Es de estas violencias de las que todavía cuesta mucho hablar y aquí el reto de la Comisión de la Verdad y de su grupo de género es muy grande. Por eso se impulsa y acompaña a todos los equipos de investigación para que puedan hacerse esas preguntas.
¿Y qué sigue después de la verdad?
La Comisión de la Verdad entregará en 2021 su informe final, que contribuirá al esclarecimiento de lo ocurrido ofreciendo una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado y promoviendo una comprensión compartida en la sociedad, en especial de los aspectos menos reconocidos, como el impacto en los niños, niñas y adolescentes y las violencias basadas en género. Además contribuirá al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos que aportan a la transformación del país; al reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de quienes directa o indirectamente participaron en el conflicto y el reconocimiento por parte de toda la sociedad de esta cadena de violencias como algo que merece un rechazo general y que no se debe ni se puede repetir.
Si las causas son estructurales, el país debe crear condiciones también estructurales para la convivencia, la no repetición, la reconciliación y la paz estable y duradera. En ese sentido, el trabajo del grupo de género va a hacer un pilar fundamental para que, además de superar el conflicto armado, podamos superar las brechas y desigualdades de género que afectan a las mujeres y la población LGBTI. El efecto no será inmediato, pero la expectativa es que en el mediano plazo se puedan ver los cambios que tan urgentemente necesita Colombia. “El informe será una gran política pública que debe impactar el sector educativo, el sistema de salud, los derechos sexuales y reproductivos, la seguridad, la política, hasta que tengamos un estado garante de los derechos de todas estas personas”, concluye Salomé, que viene caminando con esta esperanza desde hace muchos años.