Por Angie Carolina Cardona
Desastres de origen humano y tecnológico como el de Hidroituango, no ocurren únicamente en Colombia, en general los países latinoamericanos se ven expuestos a las crisis ecológicas y sociales generadas por las actividades minero energéticas; estas economías de enclave también afectan los derechos de las poblaciones y sus territorios aunque ciertamente sus impactos son diferenciados para hombres y mujeres.
Desde hace algunas décadas en América Latina ha aumentado la demanda para exportar materias primas (a países del norte global), generando una explosión del extractivismo en sus diferentes variantes como: explotación petrolera, megaminería de oro y carbón, grandes represas, monocultivos y nuevos minerales como litio y coltán. En este contexto se da una experiencia local negativa para las comunidades, como resultado de los procesos globales de economías del desarrollo.
Del mismo modo las luchas sociales y los procesos de autoorganización colectiva liderados por mujeres, han tomado relevancia en los debates políticos frente a la degradación ambiental y las formas en que las economías extractivas las impacta a ellas directamente pues el género es una variable determinante en la lógica del acceso, uso y control de los bienes naturales, mediada a su vez por condiciones de clase social y racialización, principalmente para mujeres campesinas negras, indígenas y mestizas.
Hablamos con Ángela Daniela Rojas Becerra, parte del equipo de CENSAT Agua Viva y delegada de Colombia en la coordinación política de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales con el fin de conocer las realidades de las mujeres en contextos de extractivismo. Esta Red es una organización de mujeres presente en 10 países de Abya Yala -América Latina-, que incide en políticas y prácticas que contribuyen a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, que son vulnerados por proyectos extractivos y que afectan directamente a las mujeres.
No ocurre de manera arbitraria que las mujeres más recientemente se hayan incorporado a los movimientos sociales de base; según explica la geógrafa Ana Sabaté Martínez esto se debe a que las funciones socialmente asignadas a cada uno de los géneros: la reproducción social y el cuidado del grupo familiar, condicionan que sean las mujeres las que tienen contacto más directo con los bienes naturales como el agua, los suelos, los bosques y los alimentos.
Las mujeres al ser las responsables del cuidado de sus familias y de las condiciones de salud en que viven, son quienes notan primero que la calidad del agua, del aire o del ambiente en general se ha deteriorado. La escasez y la contaminación del agua genera que las mujeres deben aumentar el trabajo para la búsqueda de nuevas fuentes hídricas saludables; sin embargo la degradación ambiental perjudica también a niños, niñas y hombres, siendo las mujeres en su mayoría las responsables del cuidado en caso de enfermedad, incluyendo el cuidado de su propia enfermedad.
Estas situaciones generan desgastes y violencias específicas en los cuerpos de las mujeres y también en los territorios en los que habitan. Es así que el análisis que se hace desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras a partir de las miradas críticas del territorio desde los feminismos comunitarios, es que el cuerpo es un primer territorio que se habita en donde se plasman los conflictos y las resistencias, y el segundo territorio es ese espacio geográfico donde se vive y se tejen los lazos comunitarios, sobre el cual también recaen afectaciones específicas que impactan a toda la comunidad. En este sentido en la Red se habla del «territorio-cuerpo» y de «territorio-tierra» como dos categorías de análisis.
Según lo expresó Ángela Daniela «el cuerpo de las mujeres es el primer espacio que se habita y ha sido un territorio de disputa histórico del patriarcado, pero en las luchas ambientales también se ha convertido en un escenario de defensa propia, de autocuidado y de construcción de autonomía de las mujeres». Este es un reto difícil pues la generalidad que ha notado la Red es que los liderazgos comunitarios en Colombia y otros países latinoamericanos, generan un desgaste adicional en el cuerpo de las mujeres, pues estos procesos no se desligan de sus labores de cuidado, y generan una disputa al interior de las familias para que las mujeres tengan la libertad de involucrarse en la defensa del territorio pues no es fácil que , aunque implique una especie de doble carga laboral.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras ha identificado cuatro categorías para las formas en que el extractivismo afecta directamente al «territorio-cuerpo» de las mujeres. La delegada de la Red Daniela Rojas Becerra las enumera: «en primer lugar está la estigmatización y la violencia psicológica contra mujeres (no necesariamente tienen que ser lideresas), en segundo lugar se dan procesos de criminalización que inician con el desprestigio de las mujeres por parte de las empresas mineras, llamándoles prostitutas que descuidan sus familias y esposos, en tercer lugar crece la violencia física y sexual producto del incremento de la población masculina en los territorios derivado de los enclaves mineros, esto además hace que emerjan dinámicas de prostitución, trata de personas, explotación sexual de menores y aumento de embarazos adolescentes y en cuarto lugar están los feminicidios, que ya es la última escala de esa violencia ejercida en contra de las mujeres».
Las afectaciones que el extractivismo genera en el «territorio-tierra» que habitan las comunidades, están relacionados con la alteración de los ciclos vitales de la naturaleza, derivada de la deforestación y contaminación del agua y de la tierra; se rompe el tejido social, junto con la pérdida de prácticas y saberes tradicionales que pueden ser fundamentales para procesos de adaptación al calentamiento global, por otra parte se amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos y se vulnera el rol de las mujeres al interior de sus comunidades.
Es importante resaltar que los proyectos extractivos sean legales, ilegales (que no cuentan con licencia ambiental) o criminales (por grupos armados ilegales), generan procesos de violencia por parte de diferentes actores armados, impactando a las mujeres y niñas campesinas y rurales, convirtiéndolas en las principales víctimas del conflicto armado, la pobreza y la discriminación.
De acuerdo con el Primer Informe Específico de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia, publicado en enero de 2019, las amenazas, los asesinatos y la violencia sexual es utilizada con frecuencia por parte de grupos armados para desarticular los liderazgos femeninos y generar terror en las comunidades. De 143 lideresas que recibieron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el 19,2% fueron víctimas de violencia sexual en el 2017. Por otra parte según el mismo informe solo el 9% de los casos de homicidios de mujeres defensoras de derechos humanos se encuentra en proceso de judicialización, el 91% se encuentra en la impunidad. Cabe señalar que los ataques y el control territorial están fuertemente relacionados con la continuación del modelo extractivista, la minería, la agroindustria y el acaparamiento de tierras.
Ante este panorama las organizaciones sociales pertenecientes a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales continúan su trabajo articulado con los siguientes objetivos: «denunciar las violencias socioambientales contra las mujeres, promover acciones que salvaguarden la integridad física, emocional y comunitaria de las mujeres en el marco de la defensa del territorio, documentar e informar los impactos que el extractivismo genera en los países y los que específicamente afectan a las mujeres y generar propuestas y alternativas al extractivismo impulsadas por mujeres» declaró Daniela Rojas Becerra.
