Por Angie Palacio Sánchez
La Instancia especial que garantizará el enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final es el resultado de la lucha histórica del movimiento de mujeres en Colombia y de uno de sus logros particulares: la Comisión de género durante el Proceso de paz, pionera en el mundo.
Después de 50 años de conflicto armado en Colombia y gracias al trabajo de análisis y memoria del movimiento de mujeres, no queda duda de que la guerra afectó de manera diferenciada y desproporcionada a algunos sectores de la población, especialmente a las mujeres, cuyos cuerpos fueron un campo de batalla.
Según la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, más de 870 mil mujeres fueron abusadas sexualmente entre 2010 y 2015: ¡400 cada día! ¡16 cada hora!
En la guerra, las mujeres fueron víctimas de violación, acoso sexual y regulación de la vida social; fueron forzadas a la prostitución, al embarazo, al aborto, a la esterilización y a prestar servicios domésticos. Todos estos son los tipos de violencia sexual por los que indagó la Encuesta en en 142 municipios de 29 departamentos con presencia de Fuerza Pública, guerrillas, paramilitarismo y ‘bacrim’.
Es la segunda vez que Oxfam y organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, de víctimas y de derechos humanos hacen el estudio. La primera encuesta, para el periodo 2001 – 2009, reveló que 490 mil mujeres habían sido víctimas de abusos sexuales. Eso quiere decir que sólo en los últimos 14 años ¡alrededor de un millón 300 mil mujeres padecieron estos vejámenes!
Por estos efectos particulares que ha tenido el enfrentamiento armado en la vida de las mujeres se creó una Comisión de género para el Proceso de Paz, a mediados de 2014, cuando se estaba dando la discusión sobre el punto de Víctimas en la Mesa de La Habana. Fue la primera comisión formal para garantizar el enfoque de género en un proceso de paz en el mundo. Producto de su trabajo, hoy existe una Instancia especial de mujeres que garantizará que se cumpla lo pactado en cuanto a sus derechos.
La fuerza de la sociedad civil
En 2012 el Proceso de Paz arrancó con una sola mujer sentada en la Mesa de negociaciones: la entonces guerrillera holandesa Alexandra Nariño, cuyo nombre de guerra era Tanja Nijmeijer. Mientras el mundo se enteraba de que en Colombia empezarían conversaciones con las Farc, el movimiento de mujeres exigía representación en La Habana porque ellas, que venían haciendo sus propuestas por una salida negociada al conflicto desde los noventa, no tenían ni voz ni voto en el Proceso.
Así que las presiones al Gobierno no se hicieron esperar: organizaciones de todo el país, apoyadas por ONU Mujeres, escribieron cartas exigiendo participación paritaria; la directora de esa organización, Michelle Bachellet, habló públicamente sobre la importancia de la participación femenina; la ganadora del premio Nobel de la Paz, Jody Williams, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos con la misma intención; las organizaciones nacionales hicieron foros y declaraciones públicas sobre la necesidad de incluir las agendas de mujeres y paz desarrolladas en las últimas dos décadas, y la Ruta Pacífica de las Mujeres publicó Si ahora no, cuándo, una agenda con propuestas sobre participación política, reforma agraria, justicia transicional y desmilitarización de la vida civil que representa más de 300 organizaciones y grupos de mujeres de varios departamentos.
Así fue como las mujeres empezaron a incidir en los Diálogos. En abril de 2013 se sentó a la Mesa Victoria Sandino. Y las presiones continuaron: en octubre de ese mismo año tuvo lugar la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, de donde resultó una agenda nacional consolidada por 500 mujeres de 30 de los 32 departamentos del país. Gritándole a todo Colombia: “Las mujeres no queremos ser pactadas, sino ser pactantes” y “Las paz sin mujeres no va”, lograron entregarle las 800 propuestas de la agenda a la delegación del Gobierno.
En noviembre, la Cumbre publicó su declaración La paz y la democracia con las mujeres ¡Sí van! y le demostró al Gobierno la seriedad del movimiento. Días después de la publicación, la delegación del Gobierno incluyó, por fin, dos mujeres negociadoras: María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. A mediados de 2014, la participación de las mujeres quedó formalizada en una subcomisión con cinco representantes de cada parte, encabezada por María Paulina Riveros y Victoria Sandino.
La Subcomisión de género tenía la tarea de revisar lo acordado hasta entonces para incluir ahí, y en los acuerdos siguientes, el enfoque de derechos de las mujeres. Este grupo estuvo en contacto permanente con las organizaciones de mujeres y de víctimas de todo el país. De allí salieron las propuestas que incorporaron los acuerdos y por lo que ahora tiene que velar la Instancia especial de mujeres: condiciones para acceder, en igualdad de condiciones, a los beneficios del fin del conflicto armado.
Ver en PDF el resumen de lo pactado (clic para ampliar)
Las veedoras de lo pactado
La Instancia especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final se conformó en julio de 2017. Está integrada por siete mujeres elegidas por las organizaciones y que estarán en ese cargo durante los primeros de años de la Instancia.
Entre el 17 y el 19 de agosto el equipo tuvo la primera jornada para definir su alcance, compromisos y plan de trabajo, tarea que deberá estar terminada finalizando agosto, al cumplirse el primer mes de la conformación de la Instancia especial.
Durante ese periodo también deberán definir quiénes harán parte de su secretaría técnica y cuáles serán las funciones. La Instancia también podrá contar con asesoría académica por parte de las expertas que consideren y se guiará por los principios generales para la implementación establecidos en el Acuerdo Final, especialmente, el enfoque de género y de interseccionalidad, el respeto a la igualdad y a la no discriminación.
En enfoque de género es una categoría de análisis que reconoce el derecho a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada uno y la necesidad de diseñar acciones afirmativas que respondan, en este caso, a los efectos diferenciados que ha tenido el conflicto sobre las mujeres para que esa igualdad de derechos sea real.
El enfoque interseccional es otra categoría de análisis. Esta reconoce que, además del sexo, las mujeres pueden sufrir varias discriminaciones simultáneas en razón de la edad, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, la condición de víctima, la ubicación geográfica, entre otras variables.
Con el objetivo de mantener la imparcialidad y neutralidad en el seguimiento a estos dos enfoques, las Farc y el Gobierno anunciaron en un comunicado conjunto que la instancia tendrá un carácter independiente y autónomo, articulado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
Yuly Artundiaga dice que para las mujeres de los territorios es fundamental esta participación y que su papel no es el de observadoras, sino el de garantes. En esa misma línea, Rocío Pineda asegura que es un paso concreto y real hacia el cumplimiento de la tarea política que tiene en este momento el país.
Esa tarea política es un verdadero reto: en junio, tras terminar la primera legislatura del Congreso, el Grupo de trabajo Género en la paz, GPaz, publicó el Primer informe de seguimiento a la participación de las mujeres en la institucionalidad de la transición. Los resultados: el asunto se está quedando en el papel. De 41 personas nombradas sólo 6 son mujeres, de 69 decretos con fuerza de ley y decretos reglamentarios aprobados, sólo 19 hacen alguna mención al enfoque de género.
Las mujeres negras, la lucha que falta
“Sin la voz de las mujeres negras, la paz no está completa”. Hace cinco años el movimiento de mujeres decía que la paz sin las mujeres no era posible. Ahora las mujeres negras hacen el mismo reclamo: ¡No nos representan!, dijeron en la instalación de la Instancia especial de mujeres. “¿Cuántas mujeres negras ven aquí?”, “¡Que racismo tan macho!”, rezaban los carteles que llevaron al evento.
Las organizaciones de mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras dijeron que recibían con asombro esta elección porque no atiende al criterio de inclusión.
“El enfoque de género del Acuerdo final no incluyó un enfoque étnico de género, y en vez de corregir este asunto en la instancia de alto nivel de género, la CSIVI ha dejado las mujeres afrodescendientes como las únicas sin asiento, a pesar de existir candidatas que se presentaron cumpliendo los requisitos necesarios. Que la delegación del gobierno y de las FARC respondan”, aseguraron en un pronunciamiento que firman la asociación de Concejos Comunitarios del Norte del Cauca, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, el Concejo Nacional de Paz Afrocolombiano, el Colectivo La Comadre, el proceso de Comunidades Negras, la red Mariposas de Alas Nuevas, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Red de Mujeres Afrocaribes.
Agregaron que se declaran en alerta por este acto de discriminación. “Lamentamos el desprecio a la oportunidad de acabar las brechas que la desigualdad y la discriminación han ejercido sobre nosotras desde la colonia y la trata trasatlántica de personas”.
Documentos de interés
Primera encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano
