Por Angie Carolina Cardona
Hoy se cumplen treinta y cinco años del Día Internacional de la Mujer Indígena que fue institucionalizado en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América celebrado en Bolivia en 1983. Desde entonces cada cinco de septiembre se rememoran las luchas que las mujeres indígenas han librado por el derecho a tener derechos.
Tal vez el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en plural, sería un nombre más adecuado, ya que las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo. De niñas a mujeres adultas mayores, tienen diferentes formas de relacionarse con sus territorios, algunas habitan zonas urbanas y los países en los que viven tienen historias coloniales con rasgos específicos; sus culturas, tradiciones, lenguas, necesidades y reivindicaciones políticas varían a lo largo y ancho del continente latinoamericano y en otras latitudes del planeta. Por todo esto no hay una definición única y precisa de “Mujer Indígena” en singular y con mayúscula.
Este día se institucionalizó en homenaje a Bartolina Sisa, una lideresa indígena boliviana asesinada el cinco de septiembre de 1782 por haber resistido a la colonización española. Si bien Bartolina Sisa no logra representar a las mujeres indígenas en su diversidad, sí representa algo que la mayoría tienen como común denominador: su lucha y resistencia a las múltiples y continuas formas de discriminación debido a su género, etnicidad, situación de pobreza, edad, dentro y fuera de sus propias comunidades. Los procesos de organización y de resistencia continúan, debido a que problemas estructurales de exclusión, principalmente el clasismo, el sexismo y el racismo, combinados con la falta de soluciones por parte de los Estados y los intereses económicos por los bienes naturales de sus territorios, hacen que se aumente el riesgo de violación de los derechos de las mujeres indígenas.
La importancia de conmemorar un día como hoy deriva de entender a las mujeres indígenas como sujetos de derechos y agentes activos en la transformación política de sus realidades, y no simplemente como mujeres victimizadas o blanco de violaciones de derechos humanos. Actualmente algunas pocas mujeres indígenas se han abierto paso en espacios de participación y de toma de decisiones, han reclamado voz y voto y lideran procesos de movilización; otras mujeres indígenas por su parte resisten desde su cotidianidad, hacen contribuciones únicas en sus familias y comunidades, son garantes de su cultura, y participan en diversos procesos locales.
Se destaca a las mujeres indígenas no simplemente porque sea una obligación por sus logros y porque son indígenas y mujeres; el reconocimiento pasa también por resaltar que esos logros y obtención de derechos han requerido grandes esfuerzos de superación de desigualdades estructurales inmersas en dinámicas de poder que históricamente han significado exclusión política y económica.
Relaciones de poder que inciden en los derechos de las mujeres indígenas
A pesar de los avances en reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas, en la práctica la gran mayoría de ellas se encuentran con grandes obstáculos para el goce efectivo de sus derechos humanos, políticos, económicos y culturales. Estos obstáculos están atravesados por las limitadas oportunidades de acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas para acceder a servicios de salud y de educación, escasa participación de procesos políticos, marginación social y problemáticas asociadas al conflicto armado como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en su informe sobre las mujeres indígenas publicado en 2017.
Esto ha derivado en múltiples formas de violencia que están vinculadas a procesos de discriminación histórica contra las mujeres indígenas. Agentes del Estado, indígenas y personas no indígenas son responsables de esas violencias que van desde situaciones estructurales políticas, económicas y de conflicto armado, hasta espacios de la cotidianidad atravesados por violencias al interior de sus comunidades y espacios domésticos.
Las personas y grupos sociales más marginados se vuelven más vulnerables a la violación de derechos humanos en contextos de conflictos armados. Las mujeres indígenas en contextos de guerra se convierten en blanco de grupos armados legales e ilegales. Las dinámicas de control territorial y captación de recursos económicos por parte de actores armados, implica que se incurran en prácticas de explotación y abusos físicos, psicológicos y sexuales. La CIDH ha observado que en Colombia, las mujeres indígenas son objeto de esclavitud sexual, embarazos forzados, violaciones en grupo, mutilación genital y asesinatos a manos de diversos actores del conflicto armado. Dichos actores cuyos agentes usan las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres indígenas como arma de guerra para desplazar comunidades por la fuerza o erosionar su capacidad de resistencia.
Por otra parte, los territorios de principal interés para los cuestionados proyectos económicos de extracción minera y energética, están ocupados por diversas comunidades, entre las que se encuentran poblaciones indígenas. Los proyectos extractivos de minería de oro, carbón, petróleo, represas hidroeléctricas, entre otros, generan graves impactos al ambiente, dificultan el acceso, uso y propiedad de los bienes naturales ya sea porque los privatizan o los contaminan, principalmente el agua y la tierra.
El informe del CIDH señala que en los contextos de extracción minera y energética las mujeres indígenas sufren mayores consecuencias ya que las afectaciones ambientales deterioran su salud física y la de sus familias; la escasez de agua y tierra para los cultivos y de otros elementos naturales para la subsistencia, genera que ellas asuman una carga de trabajo adicional para buscar otras formas de cuidar y alimentar a sus familias, esto en razón de roles tradicionales asociados a su género. Más dedicación a las tareas del hogar y del cuidado de sus familias implica menos posibilidades para el desarrollo de proyectos personales ligados a la educación, el trabajo remunerado y a la participación política, lo cual alimenta el círculo de marginación estructural en el que se encuentran las mujeres indígenas.
No son menos importantes los ejercicios de violencia y de poder que se ejercen al interior de las comunidades, y en los espacios domésticos. Estas formas de violencia tienen impactos más agudos en las mujeres indígenas que en mujeres no indígenas por la falta de acceso a servicios de apoyo y a la justicia, debido a circunstancias culturales que no incluyen un enfoque étnico en los procesos judiciales, en muchos casos el idioma es una barrera para que las mujeres indígenas puedan acceder a los servicios del Estado en casos de violencia de género. Por otra parte factores como la geografía o situaciones de pobreza también limitan el acceso a la justicia.
En los contextos urbanos y durante procesos migratorios se presentan múltiples violaciones de sus derechos humanos, incluida la posibilidad de graves explotaciones económicas y sexuales y violencia sexual. Las situaciones de violencias y discriminación a las que están sometidas por razones de clase, género, racismo, generan que las mujeres indígenas no puedan acceder al ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, y en esto tiene una responsabilidad importante el Estado y el resto de la sociedad. Ellas se han abierto, a partir de la lucha por sus derechos, espacios para lograr visibilizar sus desigualdades, participar en diferentes espacios de transformación de la sociedad, aunque queda mucho por hacer.
