Por Esperanza Echeverri López
En 2007, Jorge Bernal Medina, director de la Corporación Región de Medellín, un hombre que tuvo en el centro de sus obsesiones académicas y políticas la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, lideró un equipo de trabajo en el que participaron la Corporación Región, la Cooperativa Confiar y la Escuela Nacional Sindical, para proponerle al gobierno local una canasta básica de derechos para la superación de la pobreza en la población de 0-17 años. En 2011, se unieron también la Federación Antioqueña de ONG, la Corporación Cariño, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, y la Corporación Viva la Ciudadanía. Aquí presento un resumen de esa propuesta que hoy recupera vigencia, cuando desde diversas voces en el Congreso de la República y desde algunas organizaciones sociales se buscan salidas sostenibles a la crisis humanitaria y económica, producto de injusticias históricas acumuladas, no resueltas y dramáticamente desnudadas y exacerbadas por la pandemia del coronavirus.
La canasta básica de derechos buscaba romper la “transmisión” intergeneracional de la pobreza. Es decir, reconociendo la gran injusticia generada por las históricas desigualdades socioeconómicas no resueltas, y para que el hecho de nacer y crecer en una familia pobre en Medellín no representara para los niños y jóvenes de cero a 17 años y de los estratos 1 y 2, un cierre de oportunidades para el “buen vivir”. Esta se concretaría a través de políticas públicas, mediante la inclusión progresiva de esa población en un período de ocho años, garantizando cuatro derechos: seguridad alimentaria y nutricional, atención integral y digna en salud, una educación de calidad, y el derecho de niños y jóvenes a no padecer ninguna forma de explotación.
Ese conjunto de derechos implicaba, en primer lugar, un concepto de desarrollo basado en el bienestar humano, en la expansión de libertades, que según el premio nobel de economía Amartya Sen, elimina las fuentes de privación de las libertades humanas básicas, para que cada quien pudiese desarrollar el mejor proyecto de vida posible, dentro del contexto de cada sociedad, materializando “el buen vivir”. Así, el derecho a la alimentación representa estar libres de hambre, el derecho a la salud, estar libres de enfermedad, el de derecho a la educación, estar libres de ignorancia, y la eliminación del trabajo infantil y de otras formas de explotación, estar libres de dependencia económica. En segundo lugar, implicaba poner en el centro de la agenda de mediano plazo de los gobiernos locales, más allá del período de un alcalde, las políticas sociales, que son las que concretan el bienestar, por tanto, el crecimiento económico debería tener como objetivo el buen vivir y no la acumulación de la riqueza sin redistribución.
En tercer lugar, implicaba cambiar una mentalidad que durante tres décadas se había instalado en la población, porque los derechos no son subsidios, son garantías que el Estado –en este caso, los gobiernos locales– deben proveer, respaldados en los convenios y pactos internacionales que Colombia ha firmado, y en las sentencias progresistas de la Corte Constitucional, que le dan un contenido material a la dignidad humana, en la cual se basan los derechos fundamentales. Por ejemplo, el mínimo vital, la protección de población vulnerable como los desplazados, la población carcelaria, las leyes de víctimas, de infancia y adolescencia, la Ley Estatutaria de Salud o la población en situación de discapacidad, por citar algunos casos. Estas normas jurídicas no se cumplen total o parcialmente en la práctica porque ha prevalecido la mercantilización del bienestar y la rentabilidad económica que condicionan el acceso a las políticas públicas y a los servicios sociales a la posición socioeconómica de los ciudadanos y no a la dignidad humana. Es por eso que las políticas sociales que los gobiernos locales de Medellín han llevado a cabo, incluso con buenos resultados, son insuficientes y transitorias, si se miran en una perspectiva de derechos fundamentales, sostenida en el tiempo, integral y construida con la convergencia de una institucionalidad pública que habría que fortalecer, para garantizar una generación libre de pobreza y portadora de verdaderos derechos fundamentales.
En cuanto a la financiación, esta propuesta tenía, y tiene si se actualizan las cifras, unos costos adicionales a los presupuestados para las políticas y programas sociales. Hace casi una década, en 2011, costaba 754.504 millones de pesos para los primeros cuatro años, recursos que, en su momento, se hubiesen conseguido creando un fondo de inversiones de destinación específica con el 30% de las utilidades anuales de EPM, con una tasa de plusvalía del 3% a los estratos 5 y 6, y con la expedición de una estampilla del 1% a la contratación pública. Se preveía en ese entonces atender en salud a 412.541 niños y niñas de estratos 1 y 2, con acceso a servicios, programas de promoción y prevención, y atención domiciliaria. En educación, 316.000 niños y niñas entre 5 y 18 años, apuntando a la permanencia en el sistema educativo, a actividades extracurriculares y a la provisión de complementos nutricionales; además, cubrir costos de matrícula, transporte, uniformes y útiles. En los derechos a la alimentación y a la no explotación, se proponía entregar a 206.270 familias de estratos 1 y 2 con niños y niñas en edad escolar, un aporte monetario para evitar el trabajo infantil, y a cambio garantizar la permanencia en el sistema educativo.
Hoy, una década después de la propuesta de Canasta Básica de Derechos, según el informe de calidad de vida de 2018 en Medellín, la pobreza ha disminuido: en 2017, el porcentaje de pobres y de pobres extremos en la ciudad, se redujo respecto al 2016, llegando a 14,2% y a 3.6% de la población, respectivamente. Sin embargo, la desigualdad por ingresos está estancada desde 2014, hasta la última medición en 2017, con un índice de Gini de 0,52. En 2018 se presentó un retroceso en el cierre de brechas en las condiciones de vida entre lo urbano y lo rural, y el desempleo viene aumentando desde 2015, ubicándose en el 10% para 2017. A estos resultados se suman los nuevos retos para la política social, por ejemplo, la migración de población venezolana, la crisis del sistema de salud y los problemas de calidad del sistema educativo, la crisis mundial del capitalismo desde 2008, y hoy, la pandemia del coronavirus, nos ponen de cara a preguntas como estas: ¿para qué y para quiénes el crecimiento económico y la acumulación de riqueza? ¿Es sostenible política y éticamente la desigualdad social, en un contexto económico que tendrá que repensarse ante esta nueva realidad local y global?
Mientras que desde los gobiernos se están llevando a cabo estrategias segmentadas que profundizan o mantienen la desigualdad, por ejemplo, los apoyos económicos a los empresarios, los alivios tributarios a la clase media, y la entrega de alimentos a los más vulnerables, las organizaciones y movimientos sociales hoy estamos pensando en alternativas como la renta básica universal. La propuesta de Canasta Básica de Derechos, liderada por un hombre visionario, es un espacio político potencial. Ojalá se fuese generando una corriente de opinión, impulsada por una amplia pedagogía ciudadana y por una convergencia de organizaciones sociales que fuesen presionando de abajo hacia arriba, en palabras de Robert Castell, “una humanización del capital” en Medellín.
María Esperanza Echeverri López
Es enfermera de la Universidad de Caldas y doctora en Salud colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana de México; sus áreas de investigación se han centrado en salud pública y políticas sociales, lo que la llevó a vincularse al Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en Colombia a través de la Corporación Región y Viva la Ciudadanía. Actualmente es docente investigadora de la Universidad de Antioquia y hace parte de la Junta Directiva de la Fundación Premio Jorge Bernal, desde su nacimiento en el año 2011.
