Al ser una iniciativa para erradicar la pobreza, la renta básica beneficiaría a las mujeres, quienes son las más empobrecidas. Pero vale preguntarse si también tiene la capacidad de posibilitar el cierre de las demás brechas de género.
Las economistas feministas están de acuerdo en que además de estar ante una crisis económica, estamos ante una crisis de cuidados de la vida, esa cara oculta de la economía que aunque está activa, sigue invisibilizada. Ambas crisis ya se evidenciaban desde antes de la pandemia, pero se han profundizado.
Frente a esta situación, el debate sobre la renta básica universal ha tomado relevancia en varios sectores de la sociedad, tanto que por primera vez hay una sintonía internacional de propuestas que la impulsan, y ya algunos gobiernos de diferentes corrientes políticas la han implementado en sus países, aunque con variaciones en cuanto a la universalidad y a la durabilidad.
Las rentas básicas se definen como un «ingreso económico que un Estado entrega a sus integrantes sin ninguna condición y de manera individual, con el propósito de que estos mejoren sus condiciones de vida y de esa manera puedan desarrollar su ciudadanía y sus proyectos personales», explica Isabel Sepúlveda Arango, directora de la Corporación Región, organización social que ha promovido la iniciativa en la ciudad de Medellín.
El principio de la renta básica es que sea universal, es decir, para todas las personas que habitan un país; sin embargo, existen variaciones de acuerdo a las posibilidades de financiación, y según sus particularidades se definen como rentas mínimas, ingresos vitales, rentas básicas, de ciudadanía o de emergencia. Todos estos tipos de rentas obedecen a diferentes formas y estrategias con las que las políticas públicas intentan erradicar la pobreza y la desigualdad.
Y aunque los aportes de la economía feminista hasta muy recientemente se han considerado en este debate, uno de los principios de la renta básica, y que coincide con los de la economía feminista, es una crítica a la centralidad del mercado laboral como fuente o medio para acceder a derechos, como por ejemplo a la salud y a las pensiones, en un contexto donde la flexibilidad y la informalidad laboral van en aumento hace varias décadas.
En este sentido, «la tesis de la renta básica es desligar el bienestar y la subsistencia del empleo, porque hay muchas personas que no pueden trabajar por sus condiciones, o que trabajan y no les pagan, como a las mujeres que sostienen la economía del cuidado, o que tienen ingresos muy bajos, y esas personas siempre van a estar atrás, en términos de pobreza o desigualdad. Lo que se ha planteado es que los Estados no pueden crecer dejando rezagadas a una gran cantidad de personas, porque estas tienen una relación directa entre la subsistencia y el empleo remunerado. La solución es separar esas dos dimensiones a través de una política social que brinde a toda la ciudadanía un ingreso mínimo para cubrir sus condiciones de vida», añadió Isabel Sepúlveda.
¿Cómo beneficia a las mujeres?
En principio, la renta básica ha sido una propuesta neutra en términos de género. Es importante analizar cómo puede beneficiar diferencialmente a las mujeres y si esta, por sí misma, tiene la capacidad de posibilitar el cierre de las brechas de género y contribuir a la independencia y autonomía de las mujeres.
De acuerdo con Isabel, «debido a la falta de presupuesto para financiar una renta para toda la población, lo que han hecho algunos países de América Latina que ya tienen programas de rentas básicas, son ajustes en términos de la universalidad. Lo más viable en identificar a la población que vive en pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellos que por sus condiciones socioeconómicas está en riesgo de caer en ella».
En efecto, al ser una iniciativa que busca la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, la población más favorecida serían las mujeres, porque también son las más afectadas por la pobreza. Según la ONU, «en América Latina, hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres», y los últimos estudios con información recaudada en 89 países, muestran que en el mundo «hay 4,4 millones más de mujeres que viven en extrema pobreza en comparación con los hombres».
La feminización de la pobreza es un proceso de empobrecimiento de las mujeres que, según Isabel Sepúlveda, se explica por varios indicadores: «las mujeres tienen menos ingresos que los hombres por factores como la brecha salarial, informalidad laboral y desempleo; la mayoría de las jefaturas de hogares monoparentales están en cabeza de mujeres y son ellas las que más desarrollan trabajos domésticos y de cuidado no remunerado». La brecha salarial en Colombia es de 17,5% en promedio, se calcula que el 30% de los hogares más pobres son de jefatura femenina y que las mujeres realizan el 78,4% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (DANE). Todo esto genera una brecha económica por los usos del tiempo, que para las mujeres significa altos costos de oportunidades de desarrollo personal, laboral y de participación política.
Por estas condiciones es que la Corporación Región ha propuesto que dentro de los sectores a los que se dirija la renta básica, se prioricen las mujeres. Algunos beneficios adicionales a la superación de la pobreza, son las las posibilidades que brinda la autonomía económica para las mujeres, que se traduce en capacidad de negociación para abandonar una situación de violencia de género, pues elimina uno de los factores de riesgo que es la dependencia económica. Y, por otra parte, también les permite la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo en un contexto de precariedad laboral.
No queda duda de la importancia de una renta básica para las mujeres; sin embargo, Carmen Castro García, economista feminista española, señala que la renta básica no revierte la división sexual del trabajo y no es suficiente para transformar los roles de género. Por ejemplo, si un bebé necesita cuidado por meses después de su nacimiento, lo más probable es que la madre se quede en casa, pues además de contar con una renta básica, también sería lo más aceptable en los imaginarios culturales. Si bien es cierto que la renta básica es un mecanismo que garantiza el inicio del proceso emancipatorio de las mujeres, debe estar articulada con todo el sistema de provisión público de bienestar social para alcanzar la justicia de género, de acuerdo con Carmen Castro.
En este sentido, la renta básica debe ser una política complementaria a un sistema integral de derechos para la población, en aras de que no refuerce las desigualdades de género, que tenga un efecto de transformación social y que no se quede únicamente en la dinamización de la economía y el incentivo al consumo. Junto a la renta básica, por ejemplo, es necesario atender la pobreza multidimensional o las necesidades básicas, como la educación, la vivienda digna o el empleo. También es necesario garantizar el mínimo vital de agua y un sistema público de cuidados que contribuya a su redistribución entre Estado, hogares y sector privado.
¿Es viable la renta básica en Colombia?
Claro que sí. El debate sobre las rentas básicas data de la década de los 90’s, y en Colombia no es la primera vez que se hacen propuestas similares. En el 2007 la Corporación Región, la Escuela Nacional Sindical y a la Cooperativa Financiera Confiar, propusieron a la administración municipal de Medellín una canasta básica de derechos para la superación de la pobreza en la población de 0-17 años; promovida nuevamente en el 2011, esta es una propuesta que hoy recupera vigencia.
El 27 de mayo, en el Senado de la República, se radicó un proyecto de ley que busca aprobar una renta básica de emergencia para cubrir las necesidades de las familias y como un mecanismo que reactive la economía y mitigue la caída de los ingresos en la población. En caso de ser aprobada, esta medida estaría dirigida durante tres meses a los hogares que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema, según las cifras del DANE.
Sin embargo, «la renta básica no debe ser un tema emergente por la pandemia, sino que debe ser una política pública que permita tener una sostenibilidad en el tiempo. Y si bien existen temores frente a una disminución de empleo o a que las personas no generen otros recursos, lo que muestran las experiencias de otros países donde ya se implementó, es que fomenta empleo y potencia otras capacidades de desarrollo de los individuos, pues al garantizar unos mínimos de subsistencia permite que las personas se puedan enfocar en un plan de vida y no estar viviendo al día», explicó Dora Saldarriaga Grisales, concejala en Medellín del movimiento político Estamos Listas.
Además, «una renta básica con un ingreso que supere la línea de pobreza monetaria ($257.433 por persona o un salario mínimo por hogar en promedio), solucionaría los dos problemas fundamentales de los subsidios condicionados: el primero es la generación de exclusión por no llegar a toda la población que los necesita debido a su condición de focalización, y el segundo es que no sacan a la gente de la pobreza, pues al ser un monto mínimo y condicionado, la población permanece en las mismas condiciones a lo largo del tiempo», expresó Isabel Sepúlveda.
Respecto a los recursos para su financiación, Isabel Sepúlveda explica que «en el corto plazo se puede partir de los programas sociales que ya tiene el gobierno, como los subsidios para financiar una parte. Otra estrategia sería una reestructuración en el gasto público y combinación de recursos nacionales y locales. Para una financiación en el largo plazo, los economistas dicen que se debe acompañar de una reforma tributaria que genere un impuesto progresivo al patrimonio de personas naturales y de personas jurídicas».
«El debate en Colombia es que las grandes fortunas pagan muy pocos impuestos. Algunos estudios financieros demuestran que las clases medias y bajas pagan el grueso de los impuestos por las cuantiosas exoneraciones a grandes patrimonios y a multinacionales. Esto explica porqué este es un debate sobre la redistribución de la riqueza y sobre el modelo económico y su funcionamiento depende de la voluntad política de los gobiernos», añadió Dora Saldarriaga.
En conclusión, de garantizarse una renta básica en el país, habría una contribución importante (aunque como vimos, no suficiente) para superar algunas de las desigualdades de género; en la medida que las mujeres son las más afectadas por el desempleo, por la pobreza extrema y son quienes más realizan trabajos de cuidado no remunerado, esta renta constituiría un importante ingreso para su bienestar y autonomía.
Buenos dias.mi propuesta o opinion es que seria lo mas justo la renta basica para toda la poblacion y unas condisiones mas faborables para las mujeres que debido al machismo que todavia esta en nuestra condiccion de hombres son tan maltratadas y que por sus cuidados nunca dejan de trabajar el doble o el triple de los hombres.diria que de todos los programas de los gobiernos de dar unos pocos beneficios que no llegan muchas veces a los verdaderos necesitados se recojan en un solo paquete para pagar la renta vasica sea por hogar o por personas
Se debe implementar la renta básica ya que sería un alivio para todas las mujeres ya que somos nosotras las que cargamos con todo el peso de las obligaciones somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos.Ademas Aún hay mucho sometimiento y dependencia de algunas mujeres que por miedo a no saber cómo defenderse económicamente soportan malos tratos de aquellos hombres que las mantienen subyugadas
Me gustaría que hubiera un incentivo para educación de empoderamiento de las mujeres para que ellas mismas tomen conciencia de hasta donde deben llegar con sus deberes y no tomen sobrecargas del trabajo por creer que es lo que a mi me tocó sino que tome conciencia hasta donde llegó yo y cómo debo cuidar de mi ser como mujer.