La politóloga Vivian Martínez Díaz presenta una columna de opinión sobre el poder masculino que entraña el acoso sexual al interior de las instituciones universitarias y el ámbito académico, expone la dificultad de intervención del fenómeno debido a su complejidad, presenta algunas alternativas que se están desarrollando en América Latina para detenerlo y hace un llamado a la acción.
Por Vivian Martínez Díaz
Columnista invitada
El acoso sexual es una forma de violencia de género que hunde sus raíces en la vida cotidiana de personas y colectivos. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) ha definido el acoso como una serie de acercamientos no deseados de una persona hacia otra, reflejados en conductas como pedir favores sexuales; caricias, expresiones, gestos y miradas no bienvenidas; cartas, mensajes y llamadas no solicitadas; preguntas sobre la vida sexual y afectiva; comentarios sobre el cuerpo y la apariencia física en ausencia de una relación sentimental o de amistad, y en dado caso, intentos de violación.
El acoso sexual es un fenómeno atravesado por el poder, la desigualdad y la violencia. La persona que acosa tiene una posición de privilegio derivada de la abundancia de recursos económicos, el prestigio y los cargos públicos. Esta también adquiere un estatus de superioridad que resulta de su género, clase, identidad étnico-racial, nacionalidad, entre otras categorías. Todo esto le confiere poder al acosador para asediar y someter a otros y otras en el terreno de lo íntimo, lo sexual y lo corporal. Adicionalmente, el acoso excede arenas privadas y llega a entrelazarse con violencias distintas que tienen lugar en el campo de lo económico y lo político. Por ejemplo, en su trabajo sobre la labor de la Casa de la Mujer Indígena en Cuetzalán (Puebla), México, la antropóloga Adriana Terven encontró que la violencia contra las mujeres suele mezclarse con conflictos por la tierra. En otras palabras, las mujeres indígenas no solo sufren la violencia doméstica y de género, enmarcada en las interacciones cotidianas con sus parejas y los hombres de la comunidad, sino también el despojo. Incluso, el acoso sexual es empleado como medio para arrebatar tierras a las mujeres y hacerlas desistir de sus reclamos sobre la propiedad.
En la academia, como en otras esferas de la vida social, está presente el acoso sexual. Hace algunos meses la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina publicó un informe sobre el tema en las universidades de Estados Unidos. En este se sostuvo que quienes sufrían el acoso eran las profesoras, las investigadoras y las estudiantes. Generalmente, los agresores son parte del recurso humano académico y administrativo de las instituciones educativas y de investigación, y ocupan cargos importantes. De modo similar, Keiran Hardy –profesor de criminología y justicia en la Universidad de Griffith– añade que estos obtienen su poder de los privilegios y las posiciones académicas, del reconocimiento de investigaciones financiadas por organismos públicos y privados, y de su reputación en ciertas disciplinas y áreas de conocimiento.
Los acosos ocurren en el escenario de conferencias nacionales e internacionales, tutorías con estudiantes y ambientes laborales. Como resultado, el acoso sexual en la academia vincula dimensiones de la vida personal, laboral e institucional que, sumadas a la cultura patriarcal vigente, refuerzan la posición subordinada de quienes son agredidas. Paralelamente, la complejidad que adquiere el fenómeno hace difícil cualquier medida de intervención, por lo que muchos casos de acoso sexual son convertidos en “incidentes laborales”. Cuando estos hechos suceden en países diferentes al de la persona atacada, se vuelve complejo hacer denuncias penales. Muchas veces las mujeres agredidas no conocen los idiomas de los lugares donde ocurren los hechos violentos y su estatus migratorio entorpece el acceso pleno a la justicia.
Ante la dificultad de nombrar, reportar, prevenir y hacer justicia en casos de acoso sexual, las académicas se han organizado colectivamente para hacer denuncias públicas. En México existen organizaciones de estudiantes que visibilizan el fenómeno y demandan la creación de protocolos de atención para la violencia de género en sus respectivas universidades. Por otra parte, en Chile, algunas mujeres han escrito cartas colectivas para que se diseñen reglamentos que prohíban el acceso a la financiación a investigadores que hayan ejercido la violencia de género. Recientemente, en la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa) se creó la Comisión Especial Antiacoso, que tiene como función generar e implementar medidas contra el acoso en la academia y desafiar toda forma de agresión sexual. Entonces, vemos que los esfuerzos por transformar las condiciones que posibilitan esta violencia y demandar justicia nacen de mujeres académicas que trasgreden la cultura patriarcal en las instituciones educativas.
En conclusión, el acoso sexual es una forma de violencia de género atravesada por el poder, la desigualdad y la violencia contra sujetos marginados como las mujeres. Este tiene múltiples dimensiones y suele entrelazarse con otras violencias que ocurren en el terreno laboral, educativo, institucional y político. El acoso sexual excede la arena de lo privado y de las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres para instalarse en las fábricas, las empresas, las calles, las escuelas y las universidades. El tipo de acoso sexual que se da en la academia también puede ser entendido como un fenómeno de poder: quien agrede tiene una posición de privilegio derivada de su género, su ubicación dentro de las universidades y centros de investigación, y su prestigio intelectual. Las estudiantes, profesoras e investigadoras suelen ser las víctimas mayoritarias. En medio de estas experiencias dolorosas, las intelectuales batallan con la cultura patriarcal propia de la academia que se refleja en jerarquías de conocimiento y condiciones laborales y de investigación precarias.
Debido a lo anterior, considero que la organización colectiva de mujeres dentro de las universidades, centros de investigación e instituciones académicas es fundamental para promover más y mejores medidas antiacoso. Con el propósito de desarrollar dichas políticas, es necesario producir conceptos de “acoso” que contemplen la complejidad del fenómeno, así como las maneras en que este se entrecruza con otras violencias que ocurren en las esferas de lo económico y lo político. Asimismo, es importante que las concepciones sobre el acoso incorporen dimensiones locales, nacionales y transnacionales. Las investigadoras, profesoras y estudiantes tenemos que comprometernos con reclamos de justicia e igualdad en los entornos educativos demandando mejores condiciones para el trabajo académico. A través de esto no sólo podemos producir cambios en la cultura patriarcal, sino también generar investigaciones nutridas por los aportes de hombres y mujeres en igualdad.
Vivian Martínez Díaz es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctorante en antropología de la Universidad de los Andes. Actualmente, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa) e integrante de la Comisión Especial Antiacoso de ese organismo. Investiga procesos de organización colectiva, liderazgos y activismos políticos de mujeres indígenas en Colombia y América Latina desde perspectivas feministas, activistas y comprometidas. Adicionalmente, colabora como columnista para la Revista Enfoque de Colombia.
@VivianMartDiaz
Excelente contenido…de verdad que la academia es una de las esferas donde se transgrede la participación femenina
Apoyamos toda iniciativa femenina que reivindique sus derechos a la igualdad, la participación y su visibilización como base y columna de la sociedad.