La situación de las mujeres rurales en Colombia es radiografiada por la politóloga Natalia Posada Pérez, quien en esta columna de opinión pone a consideración asuntos que las atraviesan en lo cotidiano, lo legal y en el contexto de la firma de los acuerdos de paz, y cómo con o sin la mirada de las personas que habitamos las ciudades e, incluso, la mirada Estatal, ellas promueven la paz, la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente. Una reflexión clave para octubre, mes donde se conmemora el Día de la Mujer Rural.
Por Natalia María Posada Pérez
Columnista invitada
El 15 de octubre se cumple una década del reconocimiento del Día de la Mujer Rural, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 62/136 de 2007, vigencia desde 2008) como una fecha para destacar el papel que desempeñan las mujeres en la ruralidad, en tanto gestoras del desarrollo, a través de su participación en la agricultura, la salvaguarda de las semillas y los núcleos familiares, la dinamización de los procesos sociales y comunitarios, y su contribución a la construcción de tejido social en los espacios cotidianos.
Pero ¿Vale la pena rememorar una fecha? ¿Tiene sentido discutir anualmente lo mismo? ¿Acaso no es una obviedad? Basta con una mirada rápida a la situación de las mujeres rurales en el mundo y específicamente en Colombia, para entender el calado de estas preguntas y resolverlas con solvencia. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, las mujeres rurales equivalen a un tercio de la población mundial y representan el 43% de la mano de obra agrícola. Sin embargo, la contundencia de las estadísticas no se proyecta en la realidad de millares de campesinas, indígenas y/o afrodescendientes, tan productivas y aportantes en sus territorios, pero tan invisibles y relegadas en distintas esferas.
Y es que la invisibilización de la que se habla, juega por partida doble, desde el mundo de lo simbólico y representativo, hasta el nivel material y práctico. Históricamente las mujeres, en este caso, las rurales, han sorteado el control y sometimiento de sus cuerpos, el anonimato jurídico, la perpetuación de la minoría de edad en el sentido kantiano, incluso la anulación económica y su castración como agentes productivas, capaces de gestionar autónomamente sus proyectos de vida en el campo.
Esta amalgama estereotipante, ha entorpecido el acceso y la titulación de la tierra en cabeza de las mujeres, la disponibilidad crediticia, una justa participación en las cadenas de producción y comercialización, sin contar con las limitaciones para la participación y toma de decisiones vinculantes, en los hogares y en sus comunidades. Aún así, con todo y las desventajas frente a los varones en el campo y a sus congéneres en la ciudad, las mujeres rurales continúan asumiendo las demeritadas labores de cuidado en sus familias, liderando los cultivos de pancoger, participando en las labores agrícolas e incluso, articulándose a distintos procesos organizativos que revierten en beneficio de las comunidades.
Conscientes de ello, el feminismo y los movimientos de mujeres en el mundo, particularmente en América Latina, han impulsado la igualdad formal, aunque no siempre se traduce en beneficios materiales concretos. Mediante la Ley 51 de 1981, el Estado colombiano ratifica la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y en adelante, expide un paquete normativo que de a poco, reconoce la crítica situación de las mujeres en el campo y estipula medidas correctivas, con mayor o menor éxito. En esta cadena, la Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural, se convierte en un hito normativo, que duró lo que un suspiro y a la fecha, si no ha muerto, al menos agoniza.
Ya en el contexto del conflicto armado, las mujeres rurales han salido particularmente afectadas, porque además de que sus cuerpos y dignidad han sido ultrajados como botines de guerra, los procesos de reposición no han satisfecho por completo sus demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cifras recientes sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, muestran cierto equilibrio entre el número de sentencias proferidas con títulos de propiedad a favor de hombres y mujeres (6.176 y 6.298, respectivamente) (Fundación Forjando Futuros, 2018). Sin embargo, a estas alturas queda claro, que un título de propiedad no basta para el pleno uso, goce y disfrute de la tierra y la subsecuente mejora tangible de las condiciones de vida, dado que hace falta toda una infraestructura sinérgica, entre lo jurídico, lo político, lo económico y lo cultural, que potencialice de manera efectiva las capacidades de estas mujeres para que labren sus proyectos de vida, desde la autonomía y la participación activa en sus círculos vitales.
Hoy, tras la firma de los acuerdos de paz y en medio de una implementación agridulce, muchas mujeres en el campo colombiano prosiguen con su labor de hilar tejido social, construyendo paz aunque no siempre lo nombren, en últimas, cosechando la vida, estimulándola frente a las adversidades de un conflicto armado que no cesa, la exposición de sus vidas cuando luchan por su gente, cuando se reincorporan de la guerra, o por cuenta de funcionarios locales que no pocas veces torpedean sus derechos; y en definitiva, por la esquiva voluntad política, tan tímida (¿o renuente?) con la construcción de paz.
Todo esto para resolver las inquietudes del inicio: Sí, vale la pena rememorar una fecha, porque es una problemática estructural no resuelta, que compromete la vida de millones de personas. Sí, hay que retomarlo al menos anualmente, porque la discusión no se agota y hasta tanto no mejoren las condiciones de vida de estas mujeres y de su entorno, no podrá quedar por fuera de la agenda pública. Y no, no es una obviedad, pues al margen de la retórica legalista, la situación de las mujeres rurales se entrelaza con otros asuntos de interés nacional y mundial, como la promoción de culturas de paz, la redistribución de la riqueza, la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la justicia de género, todos ellos tan ponderados en la ajetreada agenda internacional (Women 20, Unión Africana, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Objetivos del Desarrollo Sostenible, etc.), razonados en el acuerdo de paz, pero ¿De verdad priorizados en la actualidad? Afortunadamente, hay terreno abonado, porque las mujeres del campo no se han sentado a esperar.
Natalia María Posada Pérez es politóloga y magister en Estudios Socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Es docente e investigadora universitaria, integrante activa de grupos de investigación avalados por Colciencias en áreas de trabajo asociadas al feminismo y género, estudios agrarios, conflicto armado, estudios socioespaciales y cultura política.
