Por Sandra Valoyes Villa
Preparar alimentos, lavar, cuidar niños y niñas, personas ancianas y enfermas, son algunas de las actividades que día a día soportan la sociedad y su economía. Sin embargo, y a pesar de mantener y cuidar la vida de la humanidad y los espacios que ésta habita, el trabajo doméstico no logra el reconocimiento que se merece.
En países como Colombia, el trabajo doméstico remunerado tiene varias caras, todas son las de una mujer, negra, indígena, empobrecida o víctima de la guerra incrustada en la historia del país.
«Nosotras somos mujeres que venimos de otros territorios desplazadas por el conflicto armado, llegamos a las grandes ciudades, nos acogieron comunidades de asentamientos de negros, y lo que nos ofreció la ciudad es el trabajo doméstico», narra María Roa Borja, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD).
Su relato lo ratifican las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que recopila información sobre las condiciones de empleo en el país, y que para el año 2017 encontró que el 98% de las personas dedicadas a esta actividad son mujeres, que el 38% de ellas sólo ha realizado estudios de primaria, que el 90% se ubica en los estratos socioeconómicos más bajos, que el 61% obtiene ingresos por debajo del salario mínimo y que, a pesar de soportar una jornada laboral más extendida, el 99% no recibe pago por horas extras.
Ana Teresa Vélez Orrego, coordinadora de Economía del cuidado de la Escuela Nacional Sindical (ENS), considera que los datos, además de impresionantes, reflejan que «no es un mito el tema de la precariedad laboral de las trabajadoras domésticas y en general de la economía del cuidado. Las estadísticas son una alarma para que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y toda la sociedad hagamos algo por este tema. Reconocer y valorar el cuidado significa el acceso a derechos de quienes están en esta labor».
Lo más grave es que el acceso de las trabajadoras domésticas a sus derechos no ha incrementado, como se quisiera tras históricas leyes y convenios ratificados en Colombia en los últimos años, pues según los análisis realizados por Ana Teresa Vélez Orrego, las trabajadoras domésticas «siguen teniendo bajos índices en términos de afiliación en seguridad social contributiva, pues la mayoría sigue estando en el régimen subsidiado, también encontramos que no se mueven los datos en acceso a la afiliación a pensión, a cesantías y la prima de servicios que está regulada, sigue estancada en un 4%».
Retos para cuidar del cuidado
Los desafíos para valorar el trabajo doméstico y los derechos de las personas que los realizan comprenden múltiples perspectivas, entre estos se encuentran los que se relacionan con mecanismos formales, los de orden jurídico, y los de movilización del sector, además de los retos culturales, pues es ahí donde está la base de la brecha, ya que la ubicación de las mujeres en el ámbito privado y la reproducción del rol de género asociado al cuidado ha implicado que históricamente esta actividad se considere inherente a las mujeres y menos valorada con relación a otras actividades asociadas cultural y socialmente a los varones.
La senadora Ángela María Robledo Gómez, quien impulsó la Ley 1788, que reconoce el pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras domésticas, afirma que «el gran reto es el estatuto del trabajo, que hay que concertarlo con el sector productivo, con el sector sindical, con la sociedad civil y con legisladores y legisladoras para poder tener una sociedad que salga de la informalidad. Colombia tiene cerca del 50% de trabajo informal y esto golpea de manera especial a las mujeres trabajadoras domésticas».
Pero en lo cotidiano también hay que romper con los obstáculos prácticos que se presentan para el reconocimiento de derechos de las mujeres que prestan servicio doméstico; el desafío está en la construcción de herramientas sencillas para su afiliación a la seguridad social, ya que «está resuelto cómo se afilia cualquier otro trabajador, pero cuando hablamos de la condición de una trabajadora doméstica que labora por días o por horas, si bien la normativa indica que hay que afiliarla, no especifica cómo y no establece un mecanismo integrador que le facilite al empleador o a los empleadores poder afiliarla a las diferentes líneas de la seguridad social», explica Vélez Orrego.
Sin duda, otro reto se enmarca en «seguir juntas», como lo plantea María Roa Borja, pues su propia historia demuestra que es posible transformar la sociedad. Haciendo el recuento, empezaron 28 mujeres negras y ya son 450 de distintas etnias inscritas en la UTRASD, este colectivo luchó también por la ley de prima de servicios «entonces hemos ganado mucho a pesar de que somos un sindicato desagregado, un sindicato que no es de empresa, de mujeres que no tienen permisos para participar, hemos demostrado a los otros sindicatos que sí es posible la unión. Ahora es cuando más nos tenemos que unir y seguir la fuerza», afirma ella.
Normativa relacionada
En Colombia se han decretado diversas leyes que impactan el trabajo doméstico:
- En el año 2010 se promulgó la Ley 1413, con la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. A través de esta ley es posible que hoy se pueda contabilizar el trabajo doméstico no remunerado como una actividad que, cercana al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), supera las contribuciones que hacen las exportaciones colombianas.
- En 2014, Colombia ratificó el Convenio 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, con lo cual se convirtió en el decimocuarto Estado miembro de este organismo en confirmar un compromiso por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los y las empleadas domésticas en el mundo.
- En 2016, se promulgó en el país la Ley 1788 que garantiza el acceso al derecho prestacional de prima para los y las trabajadoras domésticas.
Gracias por este artículo. Impresionan las cifras y la realidad de este sector tan importante para la sociedad y para la vida misma. A veces se nos vuelven paisaje realidades como esta, las cuales exigen exposición pública, debate y reconocimiento.
Acción solidaria de todos y todas será significar de una manera amorosa y contundente la labor de estas mujeres y su aporte a la economía y a la vida.