Por Angie Carolina Cardona
El departamento de Boyacá, aunque no ha sido atravesado por el conflicto armado en sus máximas dimensiones, sí ha sido territorio de conflictos ambientales. Ante esto la población boyacense, especialmente las mujeres han consolidado el Movimiento de Mujeres Defensoras del Territorio y la Naturaleza, para hacerle frente a las problemáticas minero-energéticas del departamento.
Son varias las mujeres que lideran los procesos de movilización en los lugares afectados. Tuvimos la oportunidad de conversar con Estefany Grajales Marín, quien es la presidenta de la Fundación Comunidades Unidas, y una de las dinamizadoras del Movimiento de Mujeres Defensoras del Territorio y la Naturaleza del Departamento de Boyacá.
La necesidad de aunar fuerzas entre mujeres nace de identificar en las diferentes provincias boyacenses y en muchos de sus municipios, que son precisamente ellas quienes han estado «llevando la bandera» para frenar las actividades mineras y energéticas, especialmente por una preocupación por el agua.
«Este movimiento ha sido un espacio para relacionarnos, conocernos, y para intercambiar experiencias; las debilidades de unas han sido la fortaleza de otras» Expresó Estefany Grajales Marín, y señaló que «en el 2018 tuvimos un primer encuentro para analizar la situación minero energética y ambiental del departamento, que pone en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, y para construir alternativas y soluciones a los conflictos ambientales y económicos, y así se empezó a hacer un tejido como tal entre mujeres».
Una de las propuestas más importantes del movimiento es generar círculos de palabra en los municipios afectados, y programas radiales con el fin de visibilizar la iniciativa y atraer a más mujeres que acompañen este proceso y creen nuevos liderazgos femeninos, para finalmente tener incidencia en la gestión ambiental del territorio con una perspectiva de género.
Estefany Grajales Marín señaló que existen fuertes intenciones de explotación minera en el territorio adicionales a los proyectos ya existentes, «el año pasado inició un proyecto de exploración sísmica en 13 municipios de la provincia de Occidente, dirigida especialmente a la explotación de petróleo y las mujeres fueron las que se organizaron, hacían llamadas, quitaban las banderitas de los puntos marcados, recogían los cables… pero aunque hayan dicho que se frenaba el proyecto la amenaza sigue latente y esto afectaría la tradición agrícola de la zona».
Por otra parte en Puerto Boyacá, se encuentra uno de los 10 pozos de donde más se extrae petróleo en el país, generando fuertes impactos a las comunidades, rompiendo el tejido social y afectando los ecosistemas. «Las mujeres de Puerto Boyacá hemos conformado desde la Escuela El Buen Vivir, un espacio de formación para incidir en la toma de decisiones territoriales, sobre todo ante las consecuencias de conflictos tan severos como la contaminación de la ciénaga de Palagua, que afecta la alimentación de la comunidad porque los peces están contaminados. Llevamos más de 50 años de explotación y todavía no vemos el desarrollo» agregó Estefany Grajales Marín. Parte de los logros de esta Escuela es la producción del documental Mujeres Construyendo el Buen Vivir que se lanza en las ciudades de Tunja, Bogotá y Puerto Boyacá en marzo, con motivo de la conmemoración de los derechos de las mujeres.
«Otras defensas territoriales se dan frente a la extracción de carbón en zonas de páramo en las provincias de Tundama, Sugamuxi y Valderrama, a las que pertenecen los municipios de Duitama, Sogamoso y el Páramo de Pisba, uno de los más afectados por esta actividad. También existen impactos por la presencia de cementeras, ladrilleras, de minería para materiales de construcción y de ampliación de termoeléctricas» indicó Estefany Grajales Marín.
Y aunque muchos hombres también hacen parte de estos procesos organizativos, son las mujeres las que principalmente están liderando estas movilizaciones, debido a la preocupación por el agua y el mal manejo presente en los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Al respecto Estefany señala que «son las mujeres las que se están pensando eso porque ya no les llega agua para sus cultivos, se están enfermando, tienen brotes en la piel, incluso sus plantas se llenan de tizne, así mismo tendrán sus pulmones».
Aún con este panorama, otra forma de resistencia de algunas boyacenses se da apartir de ser custodias de semillas; son mujeres que preservan las semillas criollas y transmiten sus saberes rurales sobre agricultura, como una práctica para salvaguardar la soberanía alimentaria, que implica una alimentación libre de transgénicos y agrotóxicos, contribuyendo así al cuidado del agua y de la tierra.
Adicionalmente, los proyectos extractivos generan transformaciones en las dinámicas de la vida cotidiana de las mujeres, rompen prácticas tradicionales comunitarias como la siembra, la recolección de semillas, la agricultura y el traspaso de saberes tradicionales, debido a que los enclaves mineros desplazan actividades que no están relacionadas con la mina, incluso en contextos de pocas oportunidades económicas, algunas mujeres optan por la participación como trabajadoras de estos proyectos.
De acuerdo con Estefany Grajales Marín, «en estos contextos las mujeres también han vivido el tema de la explotación, pues el cuerpo de ellas se ha desvalorado en la medida que se convierte en mercancía en territorios extractivos». Esto pasa específicamente con la emergencia de la prostitución; no es una dinámica que se da automáticamente por el aumento de la presencia de hombres en el territorio, sino que tiene que ver con cómo se limita el desarrollo de las actividades más importantes que desempeñan las mujeres, pues el extractivismo desplaza la agricultura y otras actividades rurales; esto sumado a procesos de desplazamiento y a la falta de oportunidades económicas para las mujeres, se convierten en catalizadores para llevarlas al ejercicio de la prostitución.
Frente a este contexto, «el movimiento continúa en articulación, les motiva saber que han tenido incidencia positiva frenando algunos proyectos minero energéticos, y lo que sigue para el 2019 es un proceso de fortalecimiento con las comunidades para aprender a organizarse para exigir justicia ambiental y social, y encontrar formas alternativas de subsistencia que libren a las mujeres y en general a la comunidad, de la dependencia del sector extractivo» indicó Estefany Grajales Marín.
