En el mismo año (2006) en el que se empezaba a plantear el sueño de un espacio en atención especializada para las medellinenses, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-355, admitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como una opción para el derecho a la salud e integridad de las colombianas y despenalizó la interrupción del proceso de gestación en tres casos: 1. Cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer. 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero y 3. Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual.
Esta sentencia que fue vista por sectores progresistas de la sociedad como un reconocimiento de derechos para las mujeres, también fue interpretada por los sectores más conservadores como una medida que afectaba las normas morales. En reacción a esta acción jurídica, los movimientos más fundamentalistas, denominados Pro-vida, tomaron la Clínica de la Mujer como el caballo de batalla para pronunciar su desacuerdo frente a la nueva normativa que en Colombia declaraba como derecho interrumpir el embarazo en los tres casos.
La Clínica, al ser una institución pública diseñada para la atención especializada de mujeres, tendría como todas las entidades prestadoras de servicios de salud del país la obligación de atender el servicio de IVE; por eso, y aunque este no fuera su principal objetivo, empezó el juego de la pos-verdad y fue llamada «clínica de la muerte». El mensaje que asociaba a la clínica con la muerte, era completamente contrario al espíritu de este lugar que pretendía prevenir que más mujeres perdieran la vida en situaciones evitables e investigar sobre la salud y las enfermedades de más de la mitad de la población de la ciudad.
Estos señalamientos llevaron a que en el 2009, miles de personas salieran a las calles a manifestarse a favor y en contra de la Clínica, volcando decenas de opiniones en medios masivos de comunicación, en los que incluso se hicieron públicas posiciones editoriales como la difundida por El Colombiano, un periódico regional de alto consumo en el país, que el 28 de julio tituló: «Griten por quienes no pueden gritar».
Para agosto del mismo año la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Alejandro Ordoñez Maldonado, reconocido por sus posiciones ideológicas en contra de los derechos sexuales y reproductivos, encargó la revisión del proyecto Clínica de la Mujer a Ilva Miriam Hoyos Castañeda, entonces delegada de infancia y familia de la Procuraduría y quien fuera identificada en La Silla Vacía como ex-dirigente de la Red Futuro Colombia, una «coalición contra el aborto». Para septiembre se estaba comunicando la revisión exhaustiva del proyecto que quedó consignada en la Resolución 284, mediante la cual, se integraba «un grupo especial de trabajo para ejercer control preventivo en el municipio de Medellín a sus dependencias responsables del desarrollo del proyecto denominado Clínica de la mujer».
Los ánimos estaban caldeados, iban y venían las publicaciones, las voces y las protestas de un lado y del otro, y en medio de la incertidumbre por la consolidación del proyecto, un grupo de mujeres adscritas al movimiento social de mujeres de Medellín crearon la Mesa de seguimiento a la Clínica de las Mujeres y propusieron a la ciudadanía enviar cartas al alcalde pidiendo la consolidación del espacio. La acción denominada «Cartatón», recibió cientos de escritos de habitantes de Medellín, de otras ciudades de Colombia y de algunos países latinoamericanos donde expresaban su extrañeza con todo lo que estaba sucediendo en la ciudad por la construcción de un centro de atención integral para la salud de las mujeres.
Carta de Gloria Pérez Tobón enviada al alcalde de Medellín
El proyecto no solo recibió rechazos. En la Mesa de seguimiento a la Clínica de las Mujeres alcanzaron a contabilizar más de setenta organizaciones de Colombia y otras veinte extranjeras que se sumaron con su respaldo a través de mensajes de apoyo.
Comunicado Asociación Latinoamericana de Mediciana Social
Comunicado Mesa por la vida y la salud de las Mujeres
La situación puso en tensión a toda la ciudad y en la administración de Alonso Salazar se sentía con mayor rigor, tanto que en la prensa del momento se constatan las afirmaciones del alcalde, quien en una carta le explicaba al arzobispo de Medellín –en contra de la propia norma– que en la Clínica no se realizaría la IVE. En el mismo mes de septiembre de 2009 la administración municipal entró en crisis y el alcalde solicitó la renuncia de todo su gabinete, pero solo tres de estas fueron aceptadas: la del secretario de Gobierno y las secretarias de Salud y Mujeres, Luz María Agudelo Suárez y Rocío Pineda García, precisamente las dos funcionarias que lideraban el proyecto Clínica de la Mujer.
Para 2010 el obstáculo que enfrentó el proyecto lo lideraba la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, quien emitió un «concepto desfavorable al proyecto Clínica Mujer presentado por el Hospital General de Medellín», tal como se consigna en el acta de reunión Nº 10, con fecha del 25 de noviembre, precisamente el Día de la conmemoración de la eliminación de las violencias contra las mujeres.
En febrero de 2011 la Procuraduría entregó un informe en el que suspendía la construcción de la Clínica de la Mujer, acción que dio lugar a las resoluciones 69 y 70 emitidas por la Empresa de Desarrollo Urbano en las que se congelaban los procesos de construcción e interventoría de la edificación.
Un mes después, el 17 de marzo, el Concejo de Medellín dedicó una de sus sesiones ordinarias a la Clínica. Una comisión encabezada por el concejal Carlos Ballesteros Barón citó al recinto a funcionarios y funcionarias de las secretarías General, de Salud, de las Mujeres, de Hacienda y de Bienestar Social; también convocaron al Departamento Administrativo de Planeación, al Hospital General de Medellín, a Metrosalud, a la Personería y a la Contraloría Municipal, para que desde sus competencias respondieran por el estado de la Clínica de la Mujer, que, según lo aprobado en ese mismo recinto dos años atrás, debía ser entregada en 2011.
Durante la sesión, el concejal Santiago Londoño Uribe retrataba el panorama en el que se encontraban los y las funcionarias del momento: «Por un lado, un Contralor diciéndoles: ‘Ustedes tienen que actuar rápidamente porque no están siendo eficientes’ y por otro, el señor Procurador diciendo: ‘No lo hagan’».
Así se acabó el plan de desarrollo en 2011: sin Clínica. Durante todo el año múltiples acciones fueron convocadas tanto por el movimiento de mujeres –especialmente la Mesa de seguimiento a la Clínica– como por entidades públicas entre las que se encontraban el Concejo de Medellín y la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Las ciudadanas se tomaron el terreno que fue asignado para el edificio y realizaron un acto simbólico que propuso el siguiente mensaje:«Aquí estamos las mujeres ¿Dónde está la Clínica?»
La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín hizo el ejercicio de presentación de su Agenda ciudadana 2011—2015, y como propuesta insistió en la construcción y puesta en funcionamiento de la Clínica de las Mujeres. Para ese entonces los candidatos y la única mujer candidata a la alcaldía, firmaron el compromiso público de consolidar este espacio en caso de ser elegidos. En esta ocasión, el turno fue para Aníbal Gaviria Correa, quien lo incorporó en su plan de desarrollo 2012—2015 «Un hogar para la vida». Durante esta administración el proyecto sufrió algunas modificaciones, pasó de Clínica a Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF), y entre otros aspectos, desapareció la palabra y el servicio de IVE del proyecto.
Pero tanto en la administración del alcalde Alonso Salazar como de Aníbal Gaviria, el choque de trenes entre la Procuraduría y la Contraloría no cesaron e hicieron especialmente difícil la acción de estos gobiernos. Pese a las contradicciones, se inicia la construcción del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia, en el año 2013, con un valor total de $21,195.577.912 de pesos.
En 2014 el gobierno colombiano fue cuestionado y, en palabras de constitucionalistas, «deshonrado» en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por perseguir a las y los defensores de derechos sexuales y reproductivos, quienes en uso de sus funciones legales debían protegerlos, y uno de los casos señalados fue, contundentemente, el de la Clínica de la Mujer. Este acontecimiento quedó en la historia como precedente en materia de defensa de derechos sexuales y reproductivos en el país.
Así como lo expresa la investigadora social Rocío Pineda García, quien fue secretaria de las mujeres entre 2008 y 2009, «este proyecto significaba la concreción de los derechos a la salud integral de las mujeres. Hoy en día sería un centro de atención, de estudio, de debate sobre el tema de la salud de las mujeres»; sin embargo, la sociedad fue inferior a esta innovadora propuesta y la historia así lo demuestra.
Entre los años 2013 y 2017 se edifica el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia. En ese tiempo continuaron las solicitudes de las mujeres, y en 2016 reclamaron al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, desde la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra, mayor presupuesto para la Secretaría de las Mujeres y priorización de la Clínica de la Mujer. Un año después, el 29 de julio de 2017, regresaba el tema al Concejo de Medellín y en esta ocasión se desarrolló una sesión alusiva a la situación de la violencia contra las mujeres, ésta fue la oportunidad para que la Mesa de seguimiento a la Clínica presentara la propuesta que el CISAMF se focalizara y especializara en la atención y la investigación de las violencias hacia las mujeres por razones de género.
